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La Contratación a través del Comercio Electrónico

En España y como desarrollo de la Directiva de la UE 2000/31/CE, la contratación a través del comercio electrónico aparece regulada en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), norma que regula el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Servicios de la Sociedad de la Información: Como primer extremo delimitador de lo que estamos hablando, es preciso saber qué son los Servicios de la Sociedad de la Información, entendiendo como tales aquellos que, normalmente a título oneroso, se presta a distancia y por vía electrónica. Incluimos aquí, por ser objeto igualmente de regulación a través de esta LSSI, los Servicios de Intermediación, es decir, los que facilitan el acceso a internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.comercio electrónico

Es decir, estaremos hablando se servicios:

  • A distancia, en los que las partes de manera simultáneamente no están presentes
  • Prestados por vía electrónica
  • Prestados a petición del usuario o interesado
  • Y que constituyan una actividad económica para el prestador de estos servicios

 

Domicilio del Prestador del Servicio a los efectos de la aplicación de la LSSI: Para la aplicación de la LSSI, es preciso que el domicilio del prestador del servicio esté en España, entendiendo que esto se produce si su residencia o domicilio oficial efectivo está en España o bien si los servicios se prestan desde un establecimiento  permanente en España (sucursal).

Qué los medios técnicos a través de los cuales se preste el servicio estén en España, no significa necesariamente que el domicilio del prestador esté en España

No obstante lo anterior, Si el prestador de SSI tiene su establecimiento en un Estado de la UE o el espacio económico europeo, se aplica la ley española en dos supuestos:

1º.-  Cuando el destinatario del SSI reside en España  y, además, se trata de los servicios que relaciona el Art. 3.1 de la ley:

  1. Derechos de propiedad intelectual o industrial.
  2. Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.
  3. Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
  4. Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas que tengan la condición de consumidores.
  5. Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su contrato.
  6. Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente no solicitadas.

(No será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores a los supuestos en que, de conformidad con las normas reguladoras de las materias enumeradas en el apartado 1, no fuera de aplicación la ley del país en que resida o esté establecido el destinatario del servicio.)

2º.-  También se aplica la ley si el SSI afecta a bienes inmuebles o derechos reales ubicados en España

Cuando el prestador esté en terceros países, habrá que acudir a los diferentes tratados internacionales,  excepto que el servicio vaya dirigido específicamente a España, pues entonces si se aplica la LSSI.

ordenador¿Qué son las Comunicaciones Comerciales Electrónicas?Entenderemos por tales toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Régimen Jurídico de las Comunicaciones Comerciales Electrónicas: 

  1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y deberán indicar la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan. En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra “publicidad”.
  2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y deberán quedar claramente identificados como tales, así como que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación se expresen de forma clara e inequívoca.
  3. Los destinatarios de las comunicaciones comerciales electrónicas, tienen derecho a revocar libremente el consentimiento prestado para su recepción y además, el prestador debe informar sobre el uso posterior y la finalidad de los datos recogidos.

Normas sobre la contratación electrónica: 

  1. Que estemos hablando de un contrato electrónico no implica que este contrato necesite requisitos especiales para su validez.  Así, cuando por el tipo de contrato se requiera que este se formalice de forma escrita, este requisito se considera satisfecho por el soporte electrónico (vale igual que el papel).  Si la forma documental exigida no es escrita, sino pública, habrá que esta a la normativa específica (Ej.: si permite que un documento público pueda hacerse en soporte electrónico, valdrá, pero si no, no).
  2. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.
  3. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.
  4. El Art. 28 de la LSSI impone una obligación posterior a la celebración del contrato, que consiste en la confirmación de la recepción.  No obstante, la ausencia de confirmación no afecta a la validez del contrato, sino que sólo tendrá los efectos del Art. 1313 Cc. “La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración”.
  5. El prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de informar al destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento de contratación, sobre los siguientes extremos:
  • Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
  • Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible
  • Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos y la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

Manual de Protección de Datos y Comercio Electrónico

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Publicado por en septiembre 6, 2013 en Derecho Fácil

 

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Las Personas Jurídicas en el Proceso Penal

La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas es el fruto de la evolución normativa que culmina con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio que reforma, introduciendo un nuevo artículo 31 bis y con ello, derogando el viejo aforismo “societas delinquere non potest”.

Evolución lógica de este cambio normativo fue la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ello con la Ley 37/2011, de 10 de octubre, con la que a las personas jurídicas frente a las que se iniciaba un procedimiento penal, se les otorgaba un Estatuto Procesal, analicémoslo…

Competencia Objetiva

Conforme al Artículo 14.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, para determinar la competencia objetiva se atenderá a la gravedad de la pena prevista para la persona física, criterio que igualmente sirve para determinar que tipo de procedimiento se debe de seguir (Procedimiento Abreviado, Ordinario o Sumario)

Domicilio de las Personas Jurídicas

Se reputará domicilio, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las Personas Jurídicas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.

Definición y criterio que determina la ubicación de las Diligencias de Investigación a los efectos de las diligencias de entrada y registro.

Declaración y Defensa.

Personas juridicasÚnicamente es posible la declaración de la persona jurídica cuando se ha designado un representante especialmente designado por ella y con la preceptiva asistencia de un Abogado, si bien se establece que, en el caso de incomparecencia del representante llamado a declarar, el acto de la declaración se tendrá por practicado y se entenderá entonces que, la persona jurídica, a través de su representante, se acoge a su derecho constitucional de no declarar. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización

Designación de Representante

La citación de la persona jurídica debe realizarse en su domicilio social al tiempo de requerir para que proceda a la designación de un representante, así como Abogado y Procurador, designándose estos profesionales de oficio para el caso de no hacerlo la entidad.

A partir del momento de la designación del Representante y de los Profesionales (Abogado y Procurador), las sucesivas diligencias deben de entenderse directamente con éstos.

Imputación

La Diligencia de Imputación se practica con el Representante acompañado del Abogado. En Presencia del Secretario Judicial, el Juez debe informar al representante de los hechos que se imputan a la persona jurídica,  información que debe facilitarse por escrito o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada.

Diligencias de Investigación

Instruido de sus derechos como Imputado, la práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada se entenderán siempre referidas al representante especialmente designado por la entidad, que podrá asistir acompañado del letrado encargado de la defensa de ésta. Si no comparece el Representante, las diligencias pueden practicarse con la presencia del Abogado.

Medidas Cautelares

El art. 33.7 del Código Penal dispone que el Juez Instructor puede imponer como medida cautelar durante la instrucción de la causa la de clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención.

Cualquier Medida Cautelar debe de acordarse previa petición de parte y con celebración de vista contradictoria y el Auto que resuelva sobre dichas medidas cautelares es recurrible en apelación.

Rebeldía Procesal

Si no ha sido posible la citación de la Persona Jurídica para el acto de la comparecencia porque su domicilio togasocial no es conocido, se procederá a su llamamiento mediante “requisitorias” en la que debe de constar los datos que identifiquen a la Sociedad, el delito que se le imputa y su obligación de comparecer. Dicha requisitoria  se publica en el BOE y en el BORME. Transcurrido el plazo fijado en la requisitoria sin la comparecencia de la persona jurídica, ésta es declarada en rebeldía, continuándose los trámites procesales hasta la conclusión de la Fase de Instrucción.

Intervención en el Juicio Oral

Tanto en el Procedimiento abreviado como en el ordinario es el Representante designado quién, como en el caso de las personas físicas, interviene en el Juicio Oral. Artículo 786 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “cuando el acusado sea una persona jurídica, ésta podrá estar representada para un mejor ejercicio del derecho de defensa por una persona que especialmente designe, debiendo ocupar en la Sala el lugar reservado a los acusados. Dicha persona podrá declarar en nombre de la persona jurídica si se hubiera propuesto y admitido esa prueba, sin perjuicio del derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del juicio”.

Si no comparece el Representante, la Vista se celebra válidamente con la presencia del Abogado y Procurador.

La Conformidad

La conformidad deberá prestarla el representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. La Conformidad puede realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos

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Manual Jurídico

 
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Publicado por en enero 11, 2013 en Derecho Fácil

 

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El impago de los Gastos de Comunidad como causa de desahucio

Para que el impago de los gastos de la comunidad de propietarios (mantenimiento del inmueble, sus servicios, impuestos y cargas que no sean susceptibles de individualización) pueda ser causa de desahucio es preciso:

1º.- Que exista un pacto escrito en el contrato que le obligue al arrendatario al abono de dichos gastos, mencionando en el contrato a cuánto ascienden tales gastos en la fecha en que se firma.  A éste respecto deben de considerarse dos importantes preceptos de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos

EdificioEl art. 17.4/LAU: recibo del pago: “El arrendador queda obligado a entregar al arrendatario recibo del pago, salvo que se hubiera pactado que éste se realice mediante procedimientos que acrediten el efectivo cumplimiento de la obligación de pago por el arrendatario.

El recibo o documento acreditativo que lo sustituya deberá contener separadamente las cantidades abonadas por los distintos conceptos de los que se componga la totalidad del pago, y específicamente, la renta en vigor.

Si el arrendador no hace entrega del recibo, serán de su cuenta todos los gastos que se originen al arrendatario para dejar constancia del pago.”

art. 20.1/LAU que establece la necesidad de que en el contrato figure el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato “Para que este pacto sea válido se deberá hacer constar por escrito, determinándose el importe anual de los gastos a la fecha del contrato”

2º.- En segundo lugar, para que el impago de estos gastos sea causa de desahucio, es preciso que el arrendador no haya impedido el pago, sino que haya colaborado para ello, facilitando el recibo y concurriendo al lugar de pago pactado, o en su defecto a la vivienda arrendada.  Cito en este sentido Sentencias como la de 9 septiembre 1991  de la Audiencia Provincial de Zaragoza cuando argumenta: “De la prueba de confesión judicial practicada en la persona del actor se desprende que éste llevaba todos los meses a las oficinas de la… el pertinente recibo. y que sin embargo no presentó al cobro los correspondientes a los meses de febrero a mayo, sin que tampoco reclamase su importe antes de interponer la demanda que ha dado origen a este procedimiento, situación que en el caso enjuiciado tiene peculiar relevancia dada la magnitud de la empresa arrendataria, que efectúa mensualmente numerosos pagos y cobros (véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1963). consecuentemente. procede mantener la condena en costas impuesta en la resolución impugnada, sin hacer especial pronunciamiento respecto de los gastos procesales causados en esta alzada (art. 149.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos”

Del mismo modo la Sentencia de 3 de julio de 2000 de la misma Audiencia Provincial de Zaragoza: “Por otra parte, si bien es cierto que son de cargo del Sr. Sevil los gastos de comunidad que correspondan a la vivienda arrendada, pues así se estipuló expresamente en el mentado contrato, no lo es menos que no ha quedado probado en estos autos que los recibos correspondientes, a que alude la actora en su demanda le hubieren sido pasados al cobro por parte de la Comunidad de Propiedad y que los hubiere dejado de abonar. De la documental obrante a los folios 111 a 123 sólo se deduce que dichos recibos son remitidos a los propietarios que no tienen domiciliado su pago en cuenta bancaria, como acontece con el Sr. A., y teniendo en cuenta que en el precedente Juicio de Desahucio por falta de pago de las rentas, promovido por al actor contra el demandado y seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de esta Ciudad, no se alegó por el arrendador el impago de dichos recibos de gastos comunes, pese a que ya habían sido generados, cabe inferir, lógicamente, que aún no había reclamado su pago al arrendatario, y como quiera que la primera mención al respecto lo efectúa en la papeleta de demanda presentada en este juicio y que el arrendatario, ante ello, procedió a su ingreso en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos del Juzgado, en fecha 27 de Octubre de 1999 (folio 53), ha de tenerse por cumplida la obligación que al mismo alcanzaba, lo que hace inviable la acción de desahucio promovida por el actor, tal como viene a resolver acertadamente la sentencia de primer grado, que debe ser confirmada.

Puede si lo desea descargarse de forma completamente gratuita el Manual “Las Comunidades de Propietarios” disponible en la Apple Store para su lectura en un Ipad

Portada Las Comunidades de Propietarios

 
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Publicado por en diciembre 28, 2012 en Derecho Fácil

 

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La mayoría y la minoría de edad en Aragón

Mayoría de Edad

La mayoría de edad se adquiere al cumplir dieciocho años, si bien son mayores de edad los que han contraído matrimonio, ello porque quién se ha casado deja de estar sujeto a la autoridad familiar, tutela o curatela y es capaz para todos los actos de la vida civil.

Minoría de Edad

La minoría de edad no es una situación de incapacidad, sino un estado de las personas en los primeros años de su vida, cuando su personalidad se está desarrollando y requieren una formación adecuada a este desarrollo. Con la finalidad de favorecer este desarrollo y esta formación, los menores están sujetos a la autoridad familiar, la tutela o la curatela, que, como todas las instituciones y normas dirigidas a los menores, están presididas siempre por el criterio del interés del menor.

En Aragón no existe la institución de la “Patria Potestad” y consecuencia de ello es que en Aragón la representación por el padre o la madre se extingue en edad temprana, a los catorce años, que fue durante siglos en Aragón el límite de la minoría de edad.

Asistencia y Representación a partir de los 14 años

A partir de los catorce años, el menor aragonés actúa siempre por sí (sin representante), con la asistencia de las personas llamadas a prestarla para la plena validez de sus actos.

Criterio de Actuación del Menor si tiene “Suficiente Juicio”

En algunos ámbitos y para determinados asuntos no es el cumplimiento de determinada edad el dato decisivo, sino que el menor tenga suficiente juicio. Como mínimo, el menor que tiene suficiente juicio (y, en todo caso, si es mayor de doce años) ha de ser oído antes de la adopción por otros (particulares o autoridades públicas) de medidas que le afecten en su persona o bienes. En cada caso hay que valorar no solamente el  desarrollo psíquico, la madurez y la responsabilidad del menor, sino también la entidad, consecuencias y trascendencia de la decisión que ha de tomarse, de modo que cuando la decisión se le atribuye en exclusiva su juicio ha de ser suficiente para valorar y decidir responsablemente en el caso concreto.

Ahora bien, si el menor ha cumplido catorce años, se presume su aptitud de entender y querer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario.

Actuación en cuanto a actos de contenido Patrimonial

Al menor titular de los bienes y derechos corresponde también su disfrute, según ha ocurrido siempre en el Derecho aragonés en razón de la ausencia de patria potestad y, por tanto, de usufructo paterno. La administración de los bienes del menor no emancipado corresponde al padre y a la madre, como función aneja a la autoridad familiar (o, en su defecto, al tutor), pero la disposición solo hasta que el menor cumple catorce años, ya que a partir de esta edad es el menor el que realiza los actos de disposición, con la necesaria asistencia en cada caso.

 
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Publicado por en noviembre 19, 2012 en Derecho Fácil

 

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