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Las Garantías en los Bienes de Consumo

La Ley 23/2003 de 10 de Julio sobre garantías en la venta de bienes de consumo es de aplicación a las compraventas de bienes muebles corporales destinados al consumo privado (no afectando a los bienes inmuebles ni a los servicios), entendiéndose por consumidor protegido por esta normativa a toda persona física que adquiere, utiliza o disfruta, como destinatario final de dichos bienes.

¿Qué Regula la Ley?

Básicamente, esta Ley regula la obligación del vendedor de entregar al consumidor el bien adquirido conforme al contrato de compraventa que lo ampara. Y así, salvo prueba en contrario, entenderemos que el bien es conforme al contrato, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

  • Que el bien adquirido se ajuste a la descripción realizada por el vendedor
  • Que el bien adquirido tenga las cualidades manifestadas mediante una muestra o modelo
  • Que el bien adquirido sirva para los usos a que ordinariamente se destinan los bienes de consumo del mismo tipo
  • Que el bien adquirido sea apto para el uso especial que haya sido requerido por el consumidor y que el vendedor haya aceptado
  • Que el bien adquirido presente la calidad y el comportamiento esperados, especialmente atendidas las declaraciones públicas sobre sus características concretas hechas por el vendedor o el fabricante

¿Qué ocurre en caso de falta de conformidad del bien con el contrato?

En estos supuestos, el consumidor puede optar entre la reparación del bien o su sustitución.  Si la reparación o sustitución no son posibles o pueden llegar a ser desproporcionadas, el consumidor puede optar por una rebaja adecuada en el precio o por la resolución del contrato, con la devolución del precio.

Es importante tener en cuenta que el consumidor no puede exigir la sustitución del bien cuando éste lo sea de segunda mano o de bienes de imposible sustitución por otros similares

Plazos de garantía

El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de 2 años desde la entrega del bien.

Sin embargo:

  • Si la falta de conformidad se manifiesta durante los 6 primeros meses desde la entrega de la cosa, se presume que dicha falta de conformidad existía cuando se entregó aquella
  • A partir del sexto mes, el consumidor debe de demostrar que la falta de conformidad existía en el momento de la entrega del bien

FragileLa reparación y, en su caso, la sustitución, suspenden el cómputo de los plazos que establece la Ley.  El periodo de suspensión comenzará desde que el consumidor ponga el bien a disposición del vendedor y concluirá con la entrega del bien reparado o, en caso de sustitución, del nuevo bien

De nuevo, y durante los 6 primeros meses posteriores a la entrega del bien reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación.

 

 

En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar el plazo de responsabilidad del vendedor, que no podrá en ningún caso ser inferior a 1 año

Plazo para Reclamar

El consumidor debe de informar y reclamar al vendedor en el plazo de 2 meses desde que conozca la no conformidad

¿Quién responde?

El vendedor responde ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien.

Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al vendedor, podrá reclamar directamente al fabricante o importador

La renuncia previa de los derechos que la Ley reconoce a los consumidores será nula, siendo asimismo nulos los actos realizados en fraude de la misma

Vendedor a efectos de esta Ley son las personas físicas o jurídicas que, en el marco de su actividad profesional, vendan bienes de consumo

¿Qué es la Garantía Comercial?

La Ley también regula la llamada “garantía comercial”, que es aquella que el fabricante, distribuidor o vendedor puede ofrecer al consumidor de forma adicional y que deberá superar siempre la garantía mínima exigible por la Ley .  Esta garantía deberá de formalizarse al menos en castellano, por escrito o en cualquier otro soporte duradero

Ley 23/2003

 
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Publicado por en febrero 28, 2014 en Derecho Fácil

 

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Derechos y Obligaciones de los ciudadanos ante la Sanidad Pública

Nuestra Constitución reconoce el Derecho a la protección de la salud, competiendo a los Poderes Públicos, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, debiendo establecer la ley los derechos y deberes al respecto 

Catálogo de Derechos

1) El respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que nadie pueda ser discriminado por razones de raza, de sexo, moral, económicas, ideológicas, político o sindicales.

2) A la información sobre los servicios sanitarios a que pueda acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso.

3) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren en el sistema público.

doctora4) A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se apliquen puedan ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la autorización previa y por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la Dirección del correspondiente Centro Sanitario.

5) A que se le dé en términos comprensibles, al paciente y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico y alternativas de tratamiento.

6) A que se asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo asumirá tal responsabilidad.

7) A que se extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria.

8) A que quede constancia escrita de todo su proceso.

9) A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En este sentido existen las Oficinas de Atención al Paciente para dirigir las quejas, reclamaciones o consultas correspondientes. Normalmente, se encuentran ubicados en los Hospitales y Ambulatorios

10) A la obtención de los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud.

Obligaciones de los usuarios

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1) Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, así como las determinadas específicamente por los Servicios Sanitarios.


2)
Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las Instituciones Sanitarias.

3) Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario,en especial en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales.

4) Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento. De negarse a ello, la Dirección del correspondiente Centro Sanitario, a propuesta del facultativo encargado del caso, podrá dar el alta

 
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Publicado por en febrero 4, 2014 en Derecho Fácil

 

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La Publicidad Ilícita o desleal

La publicidad es un elemento fundamental en el desarrollo de un mercado competitivo porque sin publicidad, los consumidores no estarían informados de los diferentes productos que compiten en el mercado.

La publicidad es pues un importantísimo instrumento dentro de un mercado de libre competencia, pero puede ocurrir que en este marco se cometan excesos, derivando este ejercicio de la libre competencia en supuestos de publicidad ilícita o desleal.

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Encontramos la regulación legal de esta materia en la  Ley General de Publicidad (Ley 30/1988 de 11 de noviembre), norma que ha sufrido diversas modificaciones que la adecuan a las diversas Directivas Europeas aprobadas en esta materia, siendo la más importante de ellas la que se desprende de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre  por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. 

¿Qué es la Publicidad Ilícita?

El art.1 de la Ley General de Publicidad nos enumera diversos supuestos de publicidad ilícita:

  1. La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución.  Se incluyen aquí los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, ello acorde con la regulación que en nuestro derecho persigue la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).
  2. La publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tutores. Debe en este punto tenerse en cuenta la prohibición de publicidad que induzca a error sobre las características de los productos, sobre su seguridad, sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizar los productos sin producir daño para sí o a terceros

  3. La publicidad subliminal. Se define en el art. 4 LGP como aquella que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida.

  4. La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios. Así resulta prohibida la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados por medio de la televisión o la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación alcohólica superior a 20 grados en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo.

  5. La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva.  Entenderemos que existe publicidad engañosa cuando de cualquier manera induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o ser capaz de perjudicar a un competidor.  Dentro de la publicidad engañosa se incluye la llamada “publicidad encubierta”, por ejemplo, aquella en la que mediante una publicidad aparentemente lícita, se incluyen avisos o anuncios que pueden incitar a determinados consumos ilícitos (alcohol, tabaco …)

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¿Qué acciones existen contra la publicidad ilícita?

 

Ante los supuestos de publicidad ilícita, es posible el ejercicio de las siguientes acciones:

– Acción declarativa de la deslealtad de la publicidad en la que se pide al juez que declare la deslealtad del acto publicitario.

– Acción de cesación de la publicidad o de prohibición de la misma. 

– Acción de remoción de los efectos producidos por la publicidad

– Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

– Acción de resarcimiento de daños y perjuicios. En esta acción, el principal problema consiste en la prueba del daño y de la relación causa-efecto entre la publicidad y el daño.

– Acción de enriquecimiento injusto cuando la publicidad lesione un derecho de exclusiva.

Para el ejercicio de estas acciones están legitimados los perjudicados, el Instituto Nacional de Consumo, el Ministerio Fiscal, las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.  Adicionalmente y frente a la publicidad ilícita por utilizar de forma discriminatoria o vejatoria la imagen de la mujer, están legitimados:

a) La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

b) El Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico.

c) Las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer y no incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro.

d) El Ministerio Fiscal

En relación con la prescripción y por remisión a la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) su art. 35  establece que las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta.

 

 
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Publicado por en septiembre 3, 2013 en Derecho Fácil

 

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Derechos de Cancelación de un Viaje o Transporte Aéreo a instancias del Consumidor

Entre la contratación de un viaje por parte de un consumidor y la fecha de salida, es posible que el viajero decida por su voluntad cancelar dichos servicios. En estos casos de desistimiento del viaje o del vuelo contratado, es posible que el consumidor deba abonar una cantidad en concepto de gastos o penalizaciones, importes que incluso pueden llegar a ser del cien por cien del importe abonado.

Analicemos por ello los distintos supuestos que pueden producirse, dependiendo de que estemos ante un viaje combinado (vuelo y alojamiento, generalmente adquirido a través de una agencia de viajes), o un servicio suelto (solamente el transporte aéreo):

billeteVIAJE COMBINADO. Se trata de supuestos de contratación paquetes vacacionales en una agencia de viajes, de forma presencial o vía Internet, en los que al menos se incluya el transporte, el alojamiento de una noche y/o un servicio accesorio significativo. En estos casos, el consumidor tiene la posibilidad de desistir del viaje comprometido pagando:

􀂋 Los gastos de gestión y de anulación, si los hubiera. En todo caso deberán de estar justificados o estar previstos en el contrato. Si no fuera ninguno de los dos casos, la agencia no puede cobrar cantidades que libremente considere.

􀂋 Una indemnización calculada sobre el importe total del viaje, del:

* 5 % si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje;

* 15 % si la cancelación se produce entre los días tres y diez antes de la fecha de comienzo del viaje;

* 25 % si la cancelación se produce dentro de las 48 horas anteriores a la fecha del comienzo del viaje;

􀂋 Si el viajero no se presentara a la salida, estará obligado al pago del importe total del viaje, incluso las cantidades pendientes salvo acuerdo en otro sentido.

SERVICIO SUELTO. Se trata de supuestos de compra solamente del transporte aéreo por parte del viajero, sin incluir ni servicios accesorios (como alquiler de vehículos) ni alojamientos. El viajero puede comprar el billete por sí mismo, bien directamente en un mostrador de la compañía, en una agencia de viajes o bien a través de Internet.

En estos casos también cabe la posibilidad de desistir del viaje y solicitar la devolución del dinero pagado, sibien, en la practica, pueden existir complicaciones que conviene analizar. Para una correcta defensa de sus derechos como consumidor, es imprescindible que de forma previa a la contratación del vuelo se compruebe en las condiciones generales de la compañía aérea o en las proporcionadas por la agencia, cuáles serán las penalizaciones, si las hay, en caso de que el consumidor no pueda realizar el viaje, ello porque hay que tener en cuenta que algunas compañías entienden que los gastos de anulación son del 100 por 100 del precio del billete.

En estos casos, debemos de distinguir dos supuestos:

1º.- Cancelación de la compra efectuada a través de una agencias de viaje. La Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (BOE del 22) por la que se aprueban las normas reguladoras de las Agencias de Viaje, señala, en su art. 29, que el viajero podrá desistir del servicio suelto adquirido abonando los gastos de gestión así como los de anulación que deberán de estar debidamente justificados. Conviene por ello que el consumidor, previamente a la contratación del vuelo, se informe de cuáles serán los costes de cancelación.

aéreo

2º.- Cancelación de compras realizadas directamente a la compañía aérea. En caso de vuelos internacionales, no existe ninguna norma que permita al viajero cancelar el billete comprado. Para vuelos nacionales, es de aplicación el art. 95 de la Ley de Navegación Aérea, que establece que el pasajero puede renunciar a su derecho a efectuar el viaje obteniendo la devolución del pasaje en la parte que se determine, siempre que aquella renuncia se haga dentro del plazo que reglamentariamente se fije. Y así, en desarrollo de dicha Ley, el Real Decreto 2047/1981, de 20 de agosto, establece que la compañía podrá cargar el 20 % del precio del billete en caso de cambio o reembolso del billete por no uso o no presentación a la salida sin anulación previamente notificada con al menos 24 horas de antelación.

En esta clase de vuelos nacionales, el citado Real Decreto 2047/1981, establece que no estarán sujetos a cargo alguno por cancelación cancelarlos los billetes u otros documentos análogos en situación de pendientes de confirmación, condicionados o abiertos, ni tampoco los billetes de niño cuyo importe sea el 10 por 100 del de adulto, ya que esta clase de billete no da derecho a ocupar plaza.

Existen supuestos en los que el viajero cancela el vuelo por decisión propia, pero que aun así puede solicitar la devolución del precio del billete. Se trata de casos en los que puede hablarse de fuerza mayor, ello por cuanto conforme al Código civil, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables, por ejemplo, tormentas que impidieran el viaje.

Por supuesto, no cabe tampoco cargo alguno si el cambio o anulación se debe a supuestos de:

     – Cancelaciones del vuelo.
     –  Pérdida de enlace o conexión con otro vuelo proyectado ocasionada por una Compañía aérea.
     –  Omisión de escala programada.
     –  Modificación por parte de la Compañía de las tarifas u horarios que afecten el vuelo programado.
     –  Otras causas que sean imputables a la Compañía transportista o a sus agentes.

 

 

 
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Publicado por en julio 3, 2013 en Derecho Fácil

 

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