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Presupuestos de la Acción de Enriquecimiento Injusto

Fundamento de la Acción de Enriquecimiento Injusto

Pese a no ser una figura jurídica expresamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico – encontramos referencia en el art. 10.9 del Código Civil- nuestros Tribunales, los Principios Generales del Derecho y los criterios que se persiguen como fundamento último de numerosas disposiciones del Código Civil, ponen de manifiesto que quién torticeramente se enriquece a costa de otro debe asumir la obligación de resarcirle en su empobrecimiento.

Presupuestos

Son Presupuestos para la existencia de este Enriquecimiento Injusto:

– El enriquecimiento: Es decir, cualquier acto que genere un incremento patrimonial en el enriquecido, así como la evitación de una disminución en el valor de dicho patrimonio. por ejemplo al conseguirse la desaparición o disminución de una deuda.

– La inexistencia de causa: No exista hecho, acto o situación alguna que justifique el desplazamiento patrimonial.

– El Empobrecimiento: El enriquecimiento se produce a costa del patrimonio del empobrecido

– Relación de causalidad entre el empobrecimiento de una parte y el enriquecimiento de la otra.

Debe de tenerse también en cuenta la doctrina del enriquecimiento injusto excluye cualquier consideración de tipo culpabilista, pues no se funda en la culpa, ni en el dolo, ni en la realización de acto ilícito alguno por parte del obligado a responder frente al empobrecido. Es más ni siquiera se asienta en el posible error de alguno de lo interesados. 

Dos aspectos procesales a destacar

– La acción por enriquecimiento injusto es una acción de carácter personal y, al no tener regulado un plazo especial, rige el plazo de 15 años establecido en el artículo 1964 del Código Civil a la hora de determinar la Prescripción del plazo para poder reclamar contra el deudor

– Cuando la Acción se ejercite contra una pluralidad de deudores la responsabilidad que recae sobre éstos tiene el carácter de Responsabilidad Solidaria, criterio pacífico mantenido por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que, aclarando que la aplicación de los artículos 1.137 y 1.138 del Código Civil  que establecen la regla general del carácter mancomunado de las obligaciones que recaen sobre una pluralidad de sujetos, está restringida exclusivamente a aquellas obligaciones que nacen de los contratos, quedando por ello excluidas las que derivan de responsabilidades extracontractuales o de los cuasicontratos.

 

 
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Publicado por en noviembre 19, 2012 en Derecho Fácil

 

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Protección deudores hipotecarios

El Consejo de Ministros aprueba las medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, dando luz verde al Real Decreto sobre los desahucios.

Este Real Decreto Ley contiene las medidas clave para atender y paliar las dificultades de los colectivos de mayor vulnerabilidad:

Paralización durante dos años de los lanzamientos, es decir, de la fase final de desahucio, que afecten a los siguientes colectivos:

Que no superen el nivel de rentas previsto tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos), que en 2012 es de 532 euros al mes, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros.

En aquellas personas en las que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años.

En los que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

En los que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad.

Además, se tienen que encontrar en alguna de estas circunstancias.

  • Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente.
  • Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
  • Ser familias con algún menor de tres años.
  • Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral.
  • Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo.
  • Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.
  • Estar en supuestos de violencia de género.

Por otro lado, se pretende la creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.

Se espera además, que el Gobierno, en la consiguiente tramitación parlamentaria, abordará otros asuntos que deberían formar parte de la Ley consecuencia de este Real Decreto Ley.

En primer lugar, el establecimiento de nuevos umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas, para poder entrar en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.

Asimismo, se mejorarán aspectos relacionados con las subastas y con los intereses de demora, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a las instituciones bancarias a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar de cara al futuro el sobreendeudamiento o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias.

 
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Publicado por en noviembre 17, 2012 en Derecho Fácil

 

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Comunidades de Propietarios: Repercusión del coste de las obras de reparación y mantenimiento del edificio

Obras de Reparación (Ordinarias, extraordinarias y urgentes)

Las obras de reparación en general son aquellas obras que siendo necesarias van dirigidas a reponer o poner remedio a una alteración o menoscabo sufrido en las cosas, ya sea a causa de su uso normal o por causas naturales; son obras necesarias en tanto van dirigidas a restituir o devolver al edificio y a sus servicios o instalaciones comunes su estado primitivo en la medida de lo posible.

Dichas obras son de realización obligatoria, cualquier propietario puede exigirlas, aunque luego la Junta de Propietarios sea la que tome el acuerdo en cuanto a la forma de llevarlas a cabo. Dentro de ellas debemos distinguir, por un lado, las obras de reparación “ordinarias”, que son de carácter previsible y surgen como consecuencia del uso normal del edificio y sus elementos o servicios comunes, correspondiendo su ejecución a la Junta de Propietarios, conforme al artículo 14 c) de la LPH y con cargo al presupuesto anual ordinario elaborado por la Comunidad. Y, por otro lado, las obras de reparación “extraordinarias”, que son aquellas dirigidas a reparar desperfectos que no hayan sido causados por el uso regular o habitual del edificio y sus instalaciones (derivan de acontecimientos imprevistos o caso fortuito, casuales o no, como las dirigidas a reparar daños causados por incendios, rayos o inundaciones); su ejecución deberá adoptarse mediante la convocatoria de una Junta extraordinaria, aprobándose para ello la correspondiente derrama por los gastos del coste de la obra entre los propietarios.

De otro lado, tales obras de reparación pueden revestir el carácter de obras “urgentes”, es decir, aquellas que se dirigen a la conservación o reparación, y que por su imperiosa necesidad deben ser abordadas inmediatamente a fin de evitar un daño o riesgo inminente en la conservación del inmueble, o una gran incomodidad en el uso y disfrute del mismo o de sus elementos. Podrán ser autorizadas y ordenadas por el Administrador en el uso habitual de sus funciones que como tal le atribuye la LPH en el artículo 20 c), sin necesidad de que tenga que contar con la aprobación de la Junta de Propietarios,.

Obras de Mantenimiento (Necesarias para el adecuado “sostenimiento y conservación del edificio”)

Son aquellas destinadas a mantener éste y las cosas o elementos comunes en perfecto estado de servir al uso y funcionamiento de la Comunidad de Propietarios, evitando que se pierdan o deterioren

El artículo 10-1o establece la regulación general de este tipo de obras configurándolas como una obligación legal que ha de asumir la Comunidad de Propietarios. tales obras han de reunir las debidas “condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad”.

Son condiciones estructurales aquellas que se encargan de determinar la forma de los edificios, distribuyendo y organizando los diferentes espacios o volúmenes

Son condiciones de estanqueidad todas aquellas que sean necesarias para cerrar los diferentes estancos, estructuras o instalaciones, de forma que se impida la filtración de fluidos a través de los mismos.

Son condiciones de habitabilidad, aquellas relativas al acceso y movilidad de las personas, de forma que se garantice la adecuada accesibilidad al edificio.

Son condiciones de seguridad, todas aquellas actuaciones que tienden a prevenir daños personales o materiales que puedan derivarse de incendios, descargas atmosféricas o caídas, de los efectos de la corrosión o agentes agresores

 
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Publicado por en noviembre 17, 2012 en Derecho Fácil

 

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El Testamento Mancomunado Aragonés

Los aragoneses, sean o no cónyuges o parientes, pueden hacer testamento mancomunado

El Testamento Mancomunado es una forma de testar conforme a la cuál se puede disponer ante notario tanto de los bienes propios de cada uno de los testadores, como de los comunes. Se trata de una institución propia y peculiar del Derecho Aragonés, estando en el Código Civil expresamente prohibida.

Para otorgar testamento mancomunado es necesario que los dos testadores sean aragoneses pero la Ley permite que pueda otorgarse aunque uno de los otorgantes no sea aragonés siempre que, en este caso, su ley personal no se lo prohiba. En cualquier caso, este testamento se puede otorgar dentro y fuera de Aragón.

En este tipo de testamento, lo normal es que cada testador disponga de sus bienes de forma correspectiva, es decir, las disposiciones sucesorias de uno quedan mutua y recíprocamente condicionadas con las disposiciones del otro (el marido dispone en un determinado sentido de sus bienes a cambio de que la mujer lo haga, respecto de los suyos, en otro determinado ; yo hago “esto” porque tú haces “aquello”)

Ocurre , sin embargo que, no teniendo el Testamento Mancomunado la naturaleza jurídica de un contrato, cualquiera de los otorgantes puede revocar sus disposiciones, en este caso, ¿qué ocurre con las disposiciones correspectivas?: En el caso de revocación de un disponente, la disposición correspectiva del otro queda sin efecto; si yo nombré heredero de mis bienes a nuestro hijo Luis porque mi mujer nombró heredero de los suyos a nuestro hijo Eduardo y mi mujer revoca su disposición, también la mía quedará sin efecto. La Ley de Sucesiones, a estos efectos, dispone que toda revocación o modificación del testamento hecha por uno sólo de los testadores en vida del otro, deberá realizarse necesariamente en testamento abierto ante el Notario. El otorgante hará saber al Notario la existencia del anterior testamento y el domicilio del otro otorgante y en ese domicilio el Notario notificará en los ocho días siguientes que aquel testamento inicial que se hizo conjuntamente ha sido parcialmente modificado o revocado por uno de los otorgantes.

El principio “standum est chartae” consagra en el ordenamiento aragonés la libertad de la voluntad privada; esto es, la posibilidad que ostenta el sujeto de autorregular sus relaciones

 
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Publicado por en noviembre 17, 2012 en Derecho Fácil

 

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