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Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (AESFAS)

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Como abogado, soy igualmente colaborador jurídico de la  Asociación Española de Funcionarios y Amigos Sénior, asociación democrática, libre y unitaria que nace con la ambición de reunir a las personas pensionistas y jubiladas, y a los funcionarios españoles, creando así un marco de relaciones interpersonales efectivas, buscando la defensa de sus derechos como funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas y al establecimiento de lazos de amistad y compañerismo, contribuyendo así a la mejora de la Administración.

¿Qué es AESFAS y qué beneficios tiene asociarse?

En palabras de su Presidente, D. Javier Conejero Badía:

“La intención al crearse esta Asociación, es la de agrupar a un colectivo tan variado como las personas pensionistas y jubiladas, y el funcionariado español, independientemente de que el ámbito de su trabajo sea estatal, autonómico o local. Y, al mismo tiempo obtener un marco de protección hacia todos los funcionarios que por el motivo que sea, pasen a la prejubilación o jubilación, uniendo esfuerzos en la consecución de objetivos comunes, para facilitar el desarrollo social y personal dentro de un entorno adecuado, facilitando el acceso a programas que potencien la salud y mantengan la capacidad intelectual.

Casi todos los funcionarios que pasamos a la jubilación, o la prejubilación (llámese segunda actividad, reserva etc.), quedamos con la sensación de que nos han dejado fuera, y no solo del sistema productivo; y día a día, perdemos el contacto con todo lo que ha rodeado nuestra vida profesional. Con esta Asociación, trataremos de que todos los que pertenezcan a ella, sientan que forman parte de un gran grupo, y que sus intereses, van a ser defendidos por personas en su misma situación. La Junta Directiva que presido está formada por un Vicepresidente 1º, Vicente Gavidia Ortiz), un Vicepresidente 2º, Manuel Marzal Felici y un Secretario, Santiago Barriga Simarro. A la vez tratamos de crear lazos de amistad y no solo comerciales con aquellas empresas que demuestren una trayectoria de apoyo a nuestro colectivo, pudiendo unirse sus empleados como socios amigos.

No solamente pueden pertenecer a esta Asociación las personas pensionistas y jubiladas, sino también los funcionarios Jubilados y Prejubilados y en activo, así como el personal que aún no siendo funcionario, desarrolle una labor continuada con cualquier Administración Pública.

Entre nuestras metas, se encuentra el mantener una unión firme y sólida de todos los funcionarios españoles, de modo que ante cualquier discriminación, injusticia o menosprecio de nuestras condiciones laborales, sociales, económicas, culturales etc., debemos disponer de la capacidad y estructura necesaria para defender a nuestro colectivo, poniendo en marcha medidas para la subsanación del problema y para evitar su deterioro futuro .

Puesto que lo que buscamos es la mejora global de la vida del funcionario a través de nuestra Asociación sin ánimo de lucro, la pertenencia a esta Asociación será gratuita, facilitándose un carnet, el cual servirá para identificación y obtención de beneficios.

Entre todos podemos hacer que esta Asociación sea el medio adecuado para defender los intereses de los funcionarios y de las personas pensionistas y jubiladas, ya que hay medidas que afectan a un sector y a otros no, pero a la larga, si tenemos un respaldo completo, tendremos la seguridad de que cuando nos afecte directamente, habrá una gran Asociación velando por nuestros intereses.

Asóciate y díselo a tus compañeros funcionarios. Entre todos seremos UNO. AESFAS”

La pertenencia a AESFAS, junto a muchísimos beneficios y descuentos, le da también la posibilidad de contratar mis servicios jurídicos con importantes descuentos, prestándole así asistencia en cualquier materia que, de índole legal, pueda precisar.

Esta es la red de despachos colaboradores de AESFAS en todo el territorio nacional: AESFAS-Dep-Jurídico-2013

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Publicado por en junio 28, 2013 en Derecho Fácil

 

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El Sistema Arbitral de Consumo

El Sistema Arbitral de Consumo es el instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo, toda vez que la protección de los consumidores y usuarios exige que éstos dispongan de mecanismos adecuados para resolver sus reclamaciones.

A través del sistema arbitral de consumo las partes voluntariamente encomiendan a un órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre la controversia o conflicto surgido entre ellos.

Esta decisión, vinculante para ambas partes, tiene la misma eficacia que una Sentencia.

Las reclamaciones entre particulares o aquéllas en las que el reclamante ha adquirido el bien o contratado el servicio en su calidad de empresario o profesional no pueden ser resueltas a través del Sistema Arbitral de Consumo.

¿Cuáles son sus ventajas?

Las ventajas del Sistema Arbitral de Consumo para ambas partes son:

• RAPIDEZ, porque es un sistema no formalista que se tramita en un corto espacio de tiempo. Máximo seis meses desde el inicio del procedimiento arbitral.

• EFICACIA, porque se resuelve mediante un laudo –resolución arbitral- de ejecución obligada, como si se tratara de una sentencia, sin necesidad de tener que recurrir a la vía judicial ordinaria y no existe límite máximo o mínimo para la cuantía reclamada.

• ECONOMIA, porque es gratuito para las partes que sólo deben costear, en determinados supuestos, la práctica de peritajes.

Para los consumidores y usuarios, es el cauce más adecuado para que los consumidores o usuarios puedan hacer valer sus derechos sin las dificultades que, normalmente, supone para ellos acudir a la vía judicial. Para las empresas y profesionales, refuerza la confianza de los consumidores en aquellas empresas que ostentan el distintivo de adhesión al sistema, ya que saben que en caso de conflicto entra en juego un procedimiento para resolverlo que es rápido, eficaz y gratuito.

Procedimiento

Arbitraje AdheridoSe inicia siempre a instancia del consumidor o usuario que puede presentar directamente la solicitud de arbitraje o hacerlo a través de su Asociación de consumidores y Usuarios u otro representante. A lo largo de él, no obstante, el empresario o profesional puede plantear las pretensiones que tenga frente al consumidor reclamante siempre que estén directamente relacionadas con la reclamación del consumidor al objeto de que sean igualmente resueltas mediante ese arbitraje.

Una vez recibida la solicitud se comprueba que reúne los requisitos exigidos legalmente y que la reclamación puede ser resuelta a través del Sistema Arbitral de Consumo.

Si el empresario o profesional reclamado está adherido al sistema, el presidente de la Junta Arbitral acordará la iniciación del procedimiento arbitral. Si no lo está, se le traslada la solicitud para que en el plazo de 15 días manifieste si acepta resolver el conflicto a través del Sistema Arbitral de Consumo o si rechaza la invitación a utilizar este sistema.

Si el empresario o profesional opta por rechazar la invitación al arbitraje o no contesta en el plazo concedido, se archivará la solicitud sin más trámites, dado el carácter voluntario del Sistema.

Si el empresario o profesional opta por aceptar la invitación al arbitraje, desde ese momento se considera iniciado el procedimiento arbitral.

Pruebas

El Colegio acordará las pruebas que estime pertinentes bien por propia iniciativa o la de las partes. Cuando las pruebas se acuerden de oficio por el Colegio Arbitral, estás serán costeadas por la Administración de la que dependa la Junta Arbitral de Consumo.

En caso de que se proponga por las partes, el pago de las pruebas será asumido por éstas.

Laudo

El Procedimiento finaliza con un laudo que como una sentencia judicial resuelve el conflicto y tiene eficacia de cosa juzgada. Si las partes llegaran a un acuerdo por sí mismas a lo largo del procedimiento, éste será recogido en un laudo llamado conciliatorio, con el fin de que tenga también la misma eficacia que si de una sentencia judicial se tratase.

Recursos

Contra el laudo dictado por el Colegio Arbitral sólo cabe el Recurso de Anulación ante la Audiencia Provincial en un plazo de dos meses desde la notificación a los interesados y el Recurso de Revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.

No podrán ser objeto de arbitraje de consumo.

A. Las cuestiones sobre las que exista resolución judicial firme y definitiva.

B. Aquéllas en que las partes no tengan poder de disposición.

C. Tampoco será posible el Arbitraje de Consumo en las cuestiones en las que según la legislación vigente deba intervenir el Ministerio Fiscal.

D. Cuando concurra intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.

E. La responsabilidad civil por daños y perjuicios directamente derivada de intoxicación, lesión, muerte o de hechos en los que existan indicios racionales de infracción penal.

Éste y otros artículos puede encontrarlos en la revista de AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior) asociación de la soy Despacho Colaborador para la Comunidad Autónoma de Aragón (Revista AESFAS- Diciembre 2012)

AESFAS Diciembre 2012

 
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Publicado por en diciembre 26, 2012 en Derecho Fácil

 

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