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La Privación de la Patria Potestad

La patria potestad no conforma en absoluto un derecho subjetivo que, corresponda a ambos progenitores, ya que, las facultades o poderes que el ordenamiento jurídico reconoce a éstos en relación con sus hijos, están estrechamente ligados con el cumplimiento de los deberes que, sobre los progenitores pesan respecto de la educación, crianza y formación de los hijos.

La patria potestad se define como una función que debe ser ejercitada en beneficio de los hijos, en la que se integra un conjunto de derechos, que la ley concede a los padres sobre las personas y bienes de los descendientes con el fin de asegurar el cumplimiento de los deberes que a los primeros incumbe respecto al sostenimiento, educación, formación y desarrollo, en todos los órdenes de los segundos, ya se trate de menores de edad, ya de mayores incapacitados.

Sólo los padres pueden ser titulares de la misma, y, como tal institución, las facultades que la integran tienen el carácter de intransferible, irrenunciables, imprescriptible e indisponible y de carácter social . Lo que prima en esta institución es la idea de beneficio o interés de los hijos.

La titularidad de la patria potestad de los hijos no emancipados, y como regla general el ejercicio de la misma, corresponde conjuntamente a los progenitores —patria potestad dual— (art. 154, párrafo primero del Código Civil). El principio de primacía del interés del menor, la consecución de su beneficio, y el respeto a su personalidad deben constituir los parámetros a los que se debe recurrir a los efectos de interpretar, integrar y aplicar el régimen jurídico de la patria potestad. De forma que, cuando en el ejercicio de la patria potestad, los padres incumplen los deberes inherentes a la misma, esto es, pongan en peligro el bienestar del menor, la intervención de los poderes públicos -proporcional a la necesidad de una adecuada protección del menor- en la autonomía familiar está plenamente justificada.

La patria potestad como un derecho-deber o como un derecho-función puede, en determinados casos restringirse o suspenderse, e incluso cabe privarse de la misma por ministerio de ley, cuando sus titulares por unas u otras razones no asumen las funciones inherentes a ella, o las ejercen con daño y perjuicio para sus hijos.

Ahora bien, tanto la suspensión como la pérdida de la patria potestad representan una pérdida temporal del ejercicio de la patria potestad, siendo posible, en consecuencia, su recuperación, cuando cese la causa que la ha motivado, ello frente a otros supuestos, en los que tiene lugar la terminación de la patria potestad de forma definitiva, como la muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo o la emancipación del hijo

LA PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

El Código Civil regula la privación de la patria potestad en el artículo 170, en el título correspondiente a las relaciones paterno-filiales. Dispone el citado precepto: “El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiese cesado la causa que motivó la privación”

El beneficio del propio menor ha de ser siempre el fundamento de toda intervención en la intimidad familiar, y, por tanto, el de la privación de la potestad de los padres. Así, necesidad de la privación de la potestad no supone una sanción, sino una medida de protección del menor.

Esta medida de la privación, por su especial gravedad, ha de ser excepcional y adoptarse con suma cautela, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, lo que implica que no basta para su adopción cualquier clase de incumplimiento, sino que éste debe ser grave, bien por la intensidad del peligro o ataque que supone la conducta paterna para los intereses del hijo, o bien por su reiteración o duración en el tiempo.

La privación de la patria potestad es una medida temporal —salvo en el supuesto de adopción—, que no tiene carácter irreversible, en cuanto es posible su recuperación, siempre que haya cesado la causa que motivó la privación, y lo aconseje el beneficio o interés del hijo; ha de ser decretada judicialmente, y fundada precisamente en el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, que ha de probarse , y puede ser total o parcial.

REQUISITOS PARA LA PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

  1. La existencia de un incumplimiento grave o reiterado de los deberes inherentes a la patria potestad.
  2. La exigencia de resolución judicial para acordar la medida.
  3. El carácter excepcional o temporal de la medida de privación, dado que se permite la recuperación de la patria potestad, también a través de sentencia judicial.
  4. La posibilidad de privar total o parcialmente de la potestad paterna o materna.
  5. Ha de valorarse los supuestos de privación con criterios de índole restrictiva en aras a preservar y amparar el beneficio e interés de los hijos menores de edad.
  6. La razonable necesidad, oportunidad, y conveniencia de su actual adopción para la adecuada salvaguarda de la persona e intereses del menor.

La sentencia que dictamina la privación de la patria potestad puede alcanzarse por tres cauces distintos De este modo, se puede dictar sentencia de privación en un procedimiento ad hoc iniciado al efecto, o decretarse bien a través de una resolución judicial que ponga fin a un proceso matrimonial, o bien mediante una sentencia dictada en causa criminal.

La privación de la potestad de los padres dictada en sentencia judicial puede ser total o parcial. En el primer supuesto, los padres o el progenitor afectado por la medida pierden todas las facultades que comporta la titularidad de la potestad. En cambio, en la privación parcial tan solo se ven afectadas algunas de las facultades inherentes a la misma

 

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Publicado por en septiembre 3, 2014 en Uncategorized

 

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