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Archivos Mensuales: octubre 2013

Trámites para constitución de una Fundación

La fundación es una organización con personalidad jurídica propia, distinta de la de su fundador, constituida sin fin de lucro  y que tiene afectado «de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general

Para la constitución de una Fundación, necesariamente deben de seguirse los siguientes trámites:

1º.- Redacción de los Estatutos:  Es el reglamento de funcionamiento interno y externo de la fundación.  En los Estatutos debemos incluir todas las menciones legales  (denominación, fines fundacionales, domicilio y ámbito territorial de desarrollo de las actividades, reglas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines, composición y reglas para la actuación del patronato)  así como aquellas otras que consideremos necesarias para el buen funcionamiento de la fundación.  Es recomendable, previamente a la aprobación de los Estatutos, ponerse en contacto con el protectorado que nos pueda corresponder para que puedan calificar los Estatutos, evitando así perdidas de tiempo y mayores trámites burocráticos y constitucionales.

2º.– Ir al Registro de Fundaciones que corresponda a solicitar el certificado negativo relativo a la denominación de la Fundación

trámites3º.- Ir a Hacienda a solicitar NIF provisional.  Esta gestión que debe realizarse una vez tengamos el borrador de los estatutos y la certificación negativa de denominación, es necesaria para poder iniciar actuaciones previas a la inscripción en las que se requiera la emisión de facturas.

4º.- Ir al banco a desembolsar la dotación, abriendo una cuenta corriente en la que hacer el ingreso de, al menos, los 30.000 € que la Ley de Fundaciones estima suficientes para la constitución de una Fundación.  El banco nos entregará un certificado acreditativo del desembolso en el que se deberá especificar que se trata de una dotación para la Fundación “xxx”, en trámites de constitución.

Saber también que es posible la aportación no dineraria, es decir, a través de bienes o derechos y que, en estos casos, es necesaria la valoración de dichos bienes o derechos por un experto independiente cuyo informe será aportado junto con la escritura de constitución.

5º.-  Acudir al notario a otorgar la escritura pública de constitución de la fundación.  A esta escritura se le deberán incorporar los Estatutos, el certificado negativo de denominación, el certificado bancario y/o el informe del experto independiente si es necesario.

6º.-  Ir a la delegación de Hacienda de la comunidad autónoma en la que tenga su domicilio la fundación para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

7º.- Ir al Registro de Fundaciones que nos corresponda a solicitar la inscripción de la fundación aportando la escritura pública de constitución de la misma, la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la fotocopia del NIF provisional.

Una vez realizado este trámite, el Protectorado revisará la documentación para verificar que la fundación cumple con los requisitos legales y, de ser así, la inscribirá en el registro correspondiente.

El Protectorado nos comunicará esta inscripción mediante un certificado y, posteriormente, dicha inscripción se publicará también en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con la inscripción en el Registro, la fundación adquiere personalidad jurídica y puede empezar a operar plenamente en nombre y por cuenta propia

Estatutos Fundación

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Publicado por en octubre 18, 2013 en Derecho Fácil, Formularios

 

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Cómo se Tramita un Indulto

El indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Quiénes pueden ser indultados

Los reos de toda clase de delitos.

Efectos del indulto.

La extinción de la responsabilidad penal. No cancela los antecedentes penales.

Quiénes no pueden ser indultados

  • Quienes estén siendo procesados criminalmente pero aún no hayan sido condenados por sentencia firme.
  • Quienes no se encuentren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena.
  • Los reincidentes en el mismo o en cualquier otro delito por el que hubiesen sido condenados por sentencia firme. Se exceptúan, sin embargo, los casos en que, a juicio del Tribunal sentenciador, hubiese razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia.

Clasificación del indulto

El indulto puede ser:

  • Total: Remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que aún no hubiese cumplido el penado.
  • Parcial: Remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas ellas que aún no hubiese cumplido el penado.

Se reputará también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas al penado en otras menos graves.

En ningún caso el indulto comprenderá la responsabilidad civil derivada del delito. El indulto de penas pecuniarias (multa) exime al indultado de pagar las cantidades aún no satisfechas, pero no implica la devolución de las ya pagadas, salvo que se diga expresamente.

Condiciones para obtener el indulto

  • Que no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos.
  • Que haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito por el que hubiese sido condenado el reo fuere de los que solamente se persiguen a instancia de parte.
  • Quién puede solicitarlo/presentarlo

Puede solicitarlo el mismo penado, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación. Los documentos que se adjunten deberán ser originales o estar debidamente compulsados.

También pueden promover el indulto el Tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y el Gobierno.

Terminación del expediente

La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto que se insertará en el Boletín Oficial del Estado.

La denegación del indulto se comunicará al órgano sentenciador para su traslado a los interesados.

Los procedimientos a los que dé lugar el ejercicio del derecho de gracia habrán de ser resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en el indicado plazo.

Información adicional

Rembrandt_Harmensz_van_Rijn_-_Return_of_the_Prodigal_Son_-_Google_Art_ProjectPara solicitar el indulto será necesario enviar un escrito al Ministro de Justicia en que deberá constar toda la información relativa a la causa judicial y al penado a favor de quien se solicita el indulto (Juzgado o Tribunal que dictó la sentencia y número del mismo, número de procedimiento, Juzgado de Instrucción y número del mismo).

Si la persona para la que se solicita el indulto hubiera sido condenada por varios Juzgados o Tribunales, se deberá presentar una solicitud por cada una de las condenas para las que se solicite el indulto.

Para facilitar la tramitación se acompañará, siempre que sea posible, la siguiente documentación:

  • Fotocopia de DNI o del pasaporte del penado.
  • Fotocopia de la sentencia.

Además resulta conveniente aportar la documentación acreditativa de la reinserción social, laboral y familiar del penado y, en su caso, del proceso de desintoxicación al que esté o haya estado sometido.

El Tribunal sentenciador ha de emitir un informe relativo al indulto, solicitando éste a su vez informes sobre la conducta del penado.

Esta información ha sido directamente obtenida de la página del Ministerio de Justicia (http://www.mjusticia.gob.es)

Solicitud de Indulto

 
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Publicado por en octubre 11, 2013 en Derecho Fácil, Formularios

 

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Régimen de Responsabilidad de los administradores de las Sociedades de Capital

En materia de responsabilidad de los administradores de las Sociedades de Capital, debemos de acudir a la regulación contenida en el Capítulo V (“La responsabilidad de los administradores”), artículos 236 a 241, del Título VII de la Ley de Sociedades de Capital.

Ya no se trata, tal y como se establecía en la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, de comprobar si en su actuación, habían incurrido los administradores en situaciones de dolo o culpa grave (a partir de la reforma de 1989 se suprimió el requisito de la culpa grave), en la actualidad lo que se debe de dirimir es si los administradores han actuado o no con una serie de deberes que deben de resultar inherentes al correcto desempeño de sus funciones.  Estos deberes son:

  1. Deber de Diligencia: La norma exige que los administradores actúen con la diligencia de un “ordenado empresario” (art. 225.1 LSC), ello implica que los administradores se informen diligentemente sobre la marcha social, nombren y destituyan a los directivos, supervisen su actividad y adopten decisiones razonables, que no sean contrarias ni a la ley ni a los estatutos.
  2. Deber de lealtad: los administradores deben adoptar las decisiones sociales en interés de la propia sociedad, no en interés de los accionistas que les hayan designado, ni en interés propio (art. 226 LSC). La Ley obliga a los administradores a que comuniquen cualquier situación de conflicto entre su propio interés y el de la sociedad, debiéndose de abstener de intervenir en las decisiones conflictivas.  Igualmente se prohíbe que el administrador revoque su condición de tal para realizar operaciones por cuenta propia o que se aproveche de oportunidades de negocio de las que haya tenido conocimiento a través de la S.A. (articulos. 227 y 228 LSC).
  3. Deber de secreto: los administradores tienen un deber de guardar secreto, con respecto a las informaciones de carácter confidencial que hayan recibido en razón de su cargo, deber que se exige tanto durante la vigencia del cargo, como incluso después del cese (art. 232 LSC)

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¿Qué consecuencias puede acarrear el incumplimiento de estos deberes?

La Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores responden del daño que causen:

  • Frente a la propia sociedad, los accionistas y los acreedores
  • solidariamente entre sí (exceptuando aquellos administradores que se hubieran opuesto al acuerdo lesivo o desconocían su existencia)
  • sin limitación cuantitativa alguna
  • incluso en el caso de que la junta hubiera autorizado o ratificado su actuación (ya que la junta es siempre irresponsable y por lo tanto su autorización o ratificación es irrelevante).

¿Cómo se puede reclamar esta responsabilidad de los administradores?

En cualquiera de los casos, no existe otra vía para reclamar la responsabilidad de los administradores que la judicial, si bien la Ley prevé dos supuestos de reclamaciones:

  1. Acción individual: Cualquier accionista o acreedor de la Sociedad que haya sufrido daños puede iniciar sin más una acción ordinaria de reclamación de responsabilidad para exigir a los administradores que les indemnicen por los daños y perjuicios que les hayan sido causados directamente a ellos (art. 241 LSC).
  • Los accionistas pueden en cualquier momento solicitar la convocatoria de la junta para entablar la acción de responsabilidad. Los accionistas que representen al menos un el 5% del capital social podrán iniciar la acción de responsabilidad cuando los administradores no hubiesen convocado la junta a tal fin, cuando la sociedad no la iniciase dentro del mes siguiente a la fecha en la que se adoptó el correspondiente  acuerdo por la junta o bien cuando éste hubiese sido contrario a exigir la responsabilidad.
  • Los acreedores sociales podrán iniciar la acción social de responsabilidad cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas y siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos
  1. Acción social: Su razón está en la indemnización a la propia Sociedad por los daños y perjuicios que le puedan haber causado los administradores (art. 238 LSC). La acción social de responsabilidad por la propia sociedad requiere el previo acuerdo de la junta que puede tomarse en cualquier momento sin necesidad de que conste en el orden del día. Los estatutos no pueden establecer mayorías reforzadas para la adopción del acuerdo de iniciar la acción social de responsabilidad.

 
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Publicado por en octubre 9, 2013 en Derecho Fácil

 

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