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La Contratación a través del Comercio Electrónico

06 Sep

En España y como desarrollo de la Directiva de la UE 2000/31/CE, la contratación a través del comercio electrónico aparece regulada en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), norma que regula el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Servicios de la Sociedad de la Información: Como primer extremo delimitador de lo que estamos hablando, es preciso saber qué son los Servicios de la Sociedad de la Información, entendiendo como tales aquellos que, normalmente a título oneroso, se presta a distancia y por vía electrónica. Incluimos aquí, por ser objeto igualmente de regulación a través de esta LSSI, los Servicios de Intermediación, es decir, los que facilitan el acceso a internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.comercio electrónico

Es decir, estaremos hablando se servicios:

  • A distancia, en los que las partes de manera simultáneamente no están presentes
  • Prestados por vía electrónica
  • Prestados a petición del usuario o interesado
  • Y que constituyan una actividad económica para el prestador de estos servicios

 

Domicilio del Prestador del Servicio a los efectos de la aplicación de la LSSI: Para la aplicación de la LSSI, es preciso que el domicilio del prestador del servicio esté en España, entendiendo que esto se produce si su residencia o domicilio oficial efectivo está en España o bien si los servicios se prestan desde un establecimiento  permanente en España (sucursal).

Qué los medios técnicos a través de los cuales se preste el servicio estén en España, no significa necesariamente que el domicilio del prestador esté en España

No obstante lo anterior, Si el prestador de SSI tiene su establecimiento en un Estado de la UE o el espacio económico europeo, se aplica la ley española en dos supuestos:

1º.-  Cuando el destinatario del SSI reside en España  y, además, se trata de los servicios que relaciona el Art. 3.1 de la ley:

  1. Derechos de propiedad intelectual o industrial.
  2. Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.
  3. Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
  4. Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas que tengan la condición de consumidores.
  5. Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su contrato.
  6. Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente no solicitadas.

(No será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores a los supuestos en que, de conformidad con las normas reguladoras de las materias enumeradas en el apartado 1, no fuera de aplicación la ley del país en que resida o esté establecido el destinatario del servicio.)

2º.-  También se aplica la ley si el SSI afecta a bienes inmuebles o derechos reales ubicados en España

Cuando el prestador esté en terceros países, habrá que acudir a los diferentes tratados internacionales,  excepto que el servicio vaya dirigido específicamente a España, pues entonces si se aplica la LSSI.

ordenador¿Qué son las Comunicaciones Comerciales Electrónicas?Entenderemos por tales toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Régimen Jurídico de las Comunicaciones Comerciales Electrónicas: 

  1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y deberán indicar la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan. En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra “publicidad”.
  2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y deberán quedar claramente identificados como tales, así como que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación se expresen de forma clara e inequívoca.
  3. Los destinatarios de las comunicaciones comerciales electrónicas, tienen derecho a revocar libremente el consentimiento prestado para su recepción y además, el prestador debe informar sobre el uso posterior y la finalidad de los datos recogidos.

Normas sobre la contratación electrónica: 

  1. Que estemos hablando de un contrato electrónico no implica que este contrato necesite requisitos especiales para su validez.  Así, cuando por el tipo de contrato se requiera que este se formalice de forma escrita, este requisito se considera satisfecho por el soporte electrónico (vale igual que el papel).  Si la forma documental exigida no es escrita, sino pública, habrá que esta a la normativa específica (Ej.: si permite que un documento público pueda hacerse en soporte electrónico, valdrá, pero si no, no).
  2. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.
  3. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.
  4. El Art. 28 de la LSSI impone una obligación posterior a la celebración del contrato, que consiste en la confirmación de la recepción.  No obstante, la ausencia de confirmación no afecta a la validez del contrato, sino que sólo tendrá los efectos del Art. 1313 Cc. “La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración”.
  5. El prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de informar al destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento de contratación, sobre los siguientes extremos:
  • Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
  • Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible
  • Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos y la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

Manual de Protección de Datos y Comercio Electrónico

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Publicado por en septiembre 6, 2013 en Derecho Fácil

 

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