RSS

Archivos Mensuales: septiembre 2013

La Suspensión en un procedimiento económico administrativo

La regulación de la suspensión en las reclamaciones económico-administrativas se encuentra en el art. 233 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. de 18 de diciembre de 2003).

Procedimiento de solicitud

La suspensión de la ejecución del acto impugnado podrá solicitarse, al interponer la reclamación económico-administrativa o en un momento posterior, con efectos desde la solicitud, mediante escrito independiente que irá acompañado necesariamente de copia de la reclamación interpuesta y de los documentos que se indican más abajo para cada una de las modalidades de suspensión. La solicitud de suspensión se dirigirá al órgano que dictó el acto impugnado, que la remitirá al órgano competente para resolver.

Como excepción, si la reclamación se refiere a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente como consecuencia de la interposición en tiempo y forma de reclamación económico-administrativa, sin necesidad de aportar ninguna garantía y sin que sea preciso solicitar la suspensión.

Tampoco es necesario solicitar la suspensión cuando ha sido concedida con ocasión del previo recurso de reposición y la garantía extiende sus efectos a la vía económico-administrativa.

El pago del tributo - MasaccioLa Suspensión Automática

La ejecución del acto reclamado queda automáticamente suspendida siempre que garantice el importe de la deuda, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder y acompañe necesariamente el documento original justificativo de la garantía, así como una copia de la reclamación económico-administrativa presentada. La garantía deberá ser alguna de las siguientes:

  • Depósito de dinero ó valores públicos.
  • Aval ó fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
  •  Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia, sólo para deudas de pequeña cuantía. En la actualidad que no excedan de 1.500 euros.

La Suspensión con otro tipo de garantías

Cuando no pueda aportar las garantías necesarias para la suspensión automática pero puede aportar otras garantías distintas (por ejemplo, hipoteca, prenda, etc.) deberá justificar la imposibilidad de aportar las garantías necesarias para la suspensión automática y detallar la naturaleza y las características de las garantías que ofrece, los bienes y derechos sobre los que se constituirá y la valoración de los mismos realizada por perito con titulación suficiente. También debe acompañarse una copia de la reclamación económico-administrativa presentada. Se constituirá la garantía en los dos meses siguientes a la notificación del acuerdo de concesión de la suspensión por el órgano de recaudación competente.

La Suspensión con dispensa de garantías

El Tribunal que conozca de la reclamación podrá suspender la ejecución del acto con dispensa de garantías, total o parcial, cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación, tanto para los supuestos de deuda tributaria o cantidad líquida como cuando se trate de actos que no tengan contenido económico (por ejemplo, requerimiento de información). Se deberá acreditar que la ejecución del acto podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación. En caso de solicitarse la suspensión con dispensa parcial de garantías, se detallarán las que se ofrezcan conforme a lo indicado en el apartado anterior de suspensión con otras garantías distintas.

También se podrá pedir la suspensión de la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. Se deberá justificar la concurrencia del error.

Solicitud de Suspensión de Ejecución sin garantías

Anuncios
 
Deja un comentario

Publicado por en septiembre 26, 2013 en Derecho Fácil, Formularios

 

Etiquetas: ,

La Contratación a través del Comercio Electrónico

En España y como desarrollo de la Directiva de la UE 2000/31/CE, la contratación a través del comercio electrónico aparece regulada en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), norma que regula el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Servicios de la Sociedad de la Información: Como primer extremo delimitador de lo que estamos hablando, es preciso saber qué son los Servicios de la Sociedad de la Información, entendiendo como tales aquellos que, normalmente a título oneroso, se presta a distancia y por vía electrónica. Incluimos aquí, por ser objeto igualmente de regulación a través de esta LSSI, los Servicios de Intermediación, es decir, los que facilitan el acceso a internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.comercio electrónico

Es decir, estaremos hablando se servicios:

  • A distancia, en los que las partes de manera simultáneamente no están presentes
  • Prestados por vía electrónica
  • Prestados a petición del usuario o interesado
  • Y que constituyan una actividad económica para el prestador de estos servicios

 

Domicilio del Prestador del Servicio a los efectos de la aplicación de la LSSI: Para la aplicación de la LSSI, es preciso que el domicilio del prestador del servicio esté en España, entendiendo que esto se produce si su residencia o domicilio oficial efectivo está en España o bien si los servicios se prestan desde un establecimiento  permanente en España (sucursal).

Qué los medios técnicos a través de los cuales se preste el servicio estén en España, no significa necesariamente que el domicilio del prestador esté en España

No obstante lo anterior, Si el prestador de SSI tiene su establecimiento en un Estado de la UE o el espacio económico europeo, se aplica la ley española en dos supuestos:

1º.-  Cuando el destinatario del SSI reside en España  y, además, se trata de los servicios que relaciona el Art. 3.1 de la ley:

  1. Derechos de propiedad intelectual o industrial.
  2. Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.
  3. Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
  4. Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas que tengan la condición de consumidores.
  5. Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su contrato.
  6. Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente no solicitadas.

(No será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores a los supuestos en que, de conformidad con las normas reguladoras de las materias enumeradas en el apartado 1, no fuera de aplicación la ley del país en que resida o esté establecido el destinatario del servicio.)

2º.-  También se aplica la ley si el SSI afecta a bienes inmuebles o derechos reales ubicados en España

Cuando el prestador esté en terceros países, habrá que acudir a los diferentes tratados internacionales,  excepto que el servicio vaya dirigido específicamente a España, pues entonces si se aplica la LSSI.

ordenador¿Qué son las Comunicaciones Comerciales Electrónicas?Entenderemos por tales toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Régimen Jurídico de las Comunicaciones Comerciales Electrónicas: 

  1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y deberán indicar la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan. En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra “publicidad”.
  2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y deberán quedar claramente identificados como tales, así como que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación se expresen de forma clara e inequívoca.
  3. Los destinatarios de las comunicaciones comerciales electrónicas, tienen derecho a revocar libremente el consentimiento prestado para su recepción y además, el prestador debe informar sobre el uso posterior y la finalidad de los datos recogidos.

Normas sobre la contratación electrónica: 

  1. Que estemos hablando de un contrato electrónico no implica que este contrato necesite requisitos especiales para su validez.  Así, cuando por el tipo de contrato se requiera que este se formalice de forma escrita, este requisito se considera satisfecho por el soporte electrónico (vale igual que el papel).  Si la forma documental exigida no es escrita, sino pública, habrá que esta a la normativa específica (Ej.: si permite que un documento público pueda hacerse en soporte electrónico, valdrá, pero si no, no).
  2. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.
  3. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.
  4. El Art. 28 de la LSSI impone una obligación posterior a la celebración del contrato, que consiste en la confirmación de la recepción.  No obstante, la ausencia de confirmación no afecta a la validez del contrato, sino que sólo tendrá los efectos del Art. 1313 Cc. “La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración”.
  5. El prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de informar al destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento de contratación, sobre los siguientes extremos:
  • Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
  • Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible
  • Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos y la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

Manual de Protección de Datos y Comercio Electrónico

 
Deja un comentario

Publicado por en septiembre 6, 2013 en Derecho Fácil

 

Etiquetas: ,

La Publicidad Ilícita o desleal

La publicidad es un elemento fundamental en el desarrollo de un mercado competitivo porque sin publicidad, los consumidores no estarían informados de los diferentes productos que compiten en el mercado.

La publicidad es pues un importantísimo instrumento dentro de un mercado de libre competencia, pero puede ocurrir que en este marco se cometan excesos, derivando este ejercicio de la libre competencia en supuestos de publicidad ilícita o desleal.

Imagen

Encontramos la regulación legal de esta materia en la  Ley General de Publicidad (Ley 30/1988 de 11 de noviembre), norma que ha sufrido diversas modificaciones que la adecuan a las diversas Directivas Europeas aprobadas en esta materia, siendo la más importante de ellas la que se desprende de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre  por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. 

¿Qué es la Publicidad Ilícita?

El art.1 de la Ley General de Publicidad nos enumera diversos supuestos de publicidad ilícita:

  1. La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución.  Se incluyen aquí los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, ello acorde con la regulación que en nuestro derecho persigue la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).
  2. La publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tutores. Debe en este punto tenerse en cuenta la prohibición de publicidad que induzca a error sobre las características de los productos, sobre su seguridad, sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizar los productos sin producir daño para sí o a terceros

  3. La publicidad subliminal. Se define en el art. 4 LGP como aquella que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida.

  4. La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios. Así resulta prohibida la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados por medio de la televisión o la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación alcohólica superior a 20 grados en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo.

  5. La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva.  Entenderemos que existe publicidad engañosa cuando de cualquier manera induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o ser capaz de perjudicar a un competidor.  Dentro de la publicidad engañosa se incluye la llamada “publicidad encubierta”, por ejemplo, aquella en la que mediante una publicidad aparentemente lícita, se incluyen avisos o anuncios que pueden incitar a determinados consumos ilícitos (alcohol, tabaco …)

Imagen

 

¿Qué acciones existen contra la publicidad ilícita?

 

Ante los supuestos de publicidad ilícita, es posible el ejercicio de las siguientes acciones:

– Acción declarativa de la deslealtad de la publicidad en la que se pide al juez que declare la deslealtad del acto publicitario.

– Acción de cesación de la publicidad o de prohibición de la misma. 

– Acción de remoción de los efectos producidos por la publicidad

– Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

– Acción de resarcimiento de daños y perjuicios. En esta acción, el principal problema consiste en la prueba del daño y de la relación causa-efecto entre la publicidad y el daño.

– Acción de enriquecimiento injusto cuando la publicidad lesione un derecho de exclusiva.

Para el ejercicio de estas acciones están legitimados los perjudicados, el Instituto Nacional de Consumo, el Ministerio Fiscal, las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.  Adicionalmente y frente a la publicidad ilícita por utilizar de forma discriminatoria o vejatoria la imagen de la mujer, están legitimados:

a) La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

b) El Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico.

c) Las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer y no incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro.

d) El Ministerio Fiscal

En relación con la prescripción y por remisión a la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) su art. 35  establece que las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta.

 

 
Deja un comentario

Publicado por en septiembre 3, 2013 en Derecho Fácil

 

Etiquetas: