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Archivos Mensuales: junio 2013

Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (AESFAS)

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Como abogado, soy igualmente colaborador jurídico de la  Asociación Española de Funcionarios y Amigos Sénior, asociación democrática, libre y unitaria que nace con la ambición de reunir a las personas pensionistas y jubiladas, y a los funcionarios españoles, creando así un marco de relaciones interpersonales efectivas, buscando la defensa de sus derechos como funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas y al establecimiento de lazos de amistad y compañerismo, contribuyendo así a la mejora de la Administración.

¿Qué es AESFAS y qué beneficios tiene asociarse?

En palabras de su Presidente, D. Javier Conejero Badía:

“La intención al crearse esta Asociación, es la de agrupar a un colectivo tan variado como las personas pensionistas y jubiladas, y el funcionariado español, independientemente de que el ámbito de su trabajo sea estatal, autonómico o local. Y, al mismo tiempo obtener un marco de protección hacia todos los funcionarios que por el motivo que sea, pasen a la prejubilación o jubilación, uniendo esfuerzos en la consecución de objetivos comunes, para facilitar el desarrollo social y personal dentro de un entorno adecuado, facilitando el acceso a programas que potencien la salud y mantengan la capacidad intelectual.

Casi todos los funcionarios que pasamos a la jubilación, o la prejubilación (llámese segunda actividad, reserva etc.), quedamos con la sensación de que nos han dejado fuera, y no solo del sistema productivo; y día a día, perdemos el contacto con todo lo que ha rodeado nuestra vida profesional. Con esta Asociación, trataremos de que todos los que pertenezcan a ella, sientan que forman parte de un gran grupo, y que sus intereses, van a ser defendidos por personas en su misma situación. La Junta Directiva que presido está formada por un Vicepresidente 1º, Vicente Gavidia Ortiz), un Vicepresidente 2º, Manuel Marzal Felici y un Secretario, Santiago Barriga Simarro. A la vez tratamos de crear lazos de amistad y no solo comerciales con aquellas empresas que demuestren una trayectoria de apoyo a nuestro colectivo, pudiendo unirse sus empleados como socios amigos.

No solamente pueden pertenecer a esta Asociación las personas pensionistas y jubiladas, sino también los funcionarios Jubilados y Prejubilados y en activo, así como el personal que aún no siendo funcionario, desarrolle una labor continuada con cualquier Administración Pública.

Entre nuestras metas, se encuentra el mantener una unión firme y sólida de todos los funcionarios españoles, de modo que ante cualquier discriminación, injusticia o menosprecio de nuestras condiciones laborales, sociales, económicas, culturales etc., debemos disponer de la capacidad y estructura necesaria para defender a nuestro colectivo, poniendo en marcha medidas para la subsanación del problema y para evitar su deterioro futuro .

Puesto que lo que buscamos es la mejora global de la vida del funcionario a través de nuestra Asociación sin ánimo de lucro, la pertenencia a esta Asociación será gratuita, facilitándose un carnet, el cual servirá para identificación y obtención de beneficios.

Entre todos podemos hacer que esta Asociación sea el medio adecuado para defender los intereses de los funcionarios y de las personas pensionistas y jubiladas, ya que hay medidas que afectan a un sector y a otros no, pero a la larga, si tenemos un respaldo completo, tendremos la seguridad de que cuando nos afecte directamente, habrá una gran Asociación velando por nuestros intereses.

Asóciate y díselo a tus compañeros funcionarios. Entre todos seremos UNO. AESFAS”

La pertenencia a AESFAS, junto a muchísimos beneficios y descuentos, le da también la posibilidad de contratar mis servicios jurídicos con importantes descuentos, prestándole así asistencia en cualquier materia que, de índole legal, pueda precisar.

Esta es la red de despachos colaboradores de AESFAS en todo el territorio nacional: AESFAS-Dep-Jurídico-2013

Revistas AESFAS

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Publicado por en junio 28, 2013 en Derecho Fácil

 

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¿Qué mayorías son necesarias en las Juntas de las Comunidades de Propietarios tras la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas?

Para la adopción de acuerdos por las Comunidades de Propietarios debemos de tener en cuenta que no está prevista en la Ley de Propiedad Horizontal una única fórmula de mayoría sino que existen diversas mayorías posibles en función de la decisión que va a adoptarse.

En esta materia y por su extraordinaria importancia, ha sido aprobada la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas con la que se pretende que la necesidad de realizar determinadas obras en el edificio, máxime cuando éstas han sido ordenadas por parte de la Administración, no requiera para su efectividad ni siquiera del acuerdo de la Comunidad, aunque ello suponga la alteración de elementos comunes o incluso del título constitutivo.

La Unanimidad

Solamente se exige unanimidad en los acuerdos que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad.

Unanimidad significa que es necesario que todos los propietarios estén de acuerdo con la decisión que va a adoptarse y así, basta con que uno solo de los propietarios se muestre en desacuerdo y vote en contra de la decisión que vaya a adoptarse para que no se pueda adoptar esta decisión.

¿Qué ocurre en relación a los propietarios que han estado ausentes en la Junta?

La Ley establece que una vez adoptada la decisión por la Junta de Propietarios a favor de efectuar los cambios o modificaciones que exigen la unanimidad y existiendo propietarios ausentes se comunicará a éstos la existencia de la decisión (bien en el domicilio comunicado a efectos de notificaciones, bien y en su defecto, en el tablón de la Comunidad). Los propietarios ausentes tienen un plazo de 30 días naturales para manifestar su discrepancia a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad comunicando tal discrepancia por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.

Sin embargo, la LPH contempla unos supuestos en los que no se aplica la regla de la unanimidad, aunque el acuerdo pueda afectar al título constitutivo o a los estatutos sociales:

– Establecimiento o supresión del servicio de ascensor

– Establecimiento o supresión del servicio de portería o conserjería

– Establecimiento o supresión del servicio de vigilancia

– Establecimiento o supresión de otros servicios comunes de interés general.

En estos supuestos (salvo la instalación de servicio de ascensor*) y por lo que respecta al régimen de mayorías se exige el cumplimiento de un doble requisito:

1º.- El número de propietarios a favor de la adopción de la medida propuesta debe ser como mínimo igual al 60% del total de propietarios;

2º.- Pero además de lo anterior, esos propietarios que han votado a favor tienen que se titulares de un mínimo igual al 60% del total de las cuotas de participación.

* La reforma de la LPH operada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en vigor desde el día 28 de junio de 2013, ha modificación el régimen de quorums en lo relativo a la instalación de nuevos ascensores, bastando así la mayoría de la totalidad de cuotas y propietarios

Obras para la supresión de Barreras Arquitectónicas, Mantenimiento y Conservación del Inmueble

MonopolyLa Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en vigor desde el día 28 de junio de 2013, ha modificado drásticamente el régimen de mayorías en relación a la realización de obras que supongan el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad al supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de las personas con minusvalía, así como obras de conservación del inmueble y sus servicios comunes que hayan podido ser impuesto por la Administración, incluso cuando ello implique la modificación del título constitutivo, o de los estatutos. Se trata de obras obligatorias que deben ser acometidas aunque no exista acuerdo por parte de la Comunidad de Propietarios.

«1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación.

b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.

c) La ocupación de elementos comunes del edificio o del complejo inmobiliario privado durante el tiempo que duren las obras a las que se refieren las letras anteriores.

d) La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes, así como la constitución de un complejo inmobiliario, tal y como prevé el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resulten preceptivos a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana.

e) Los actos de división material de pisos o locales y sus anejos para formar otros más reducidos e independientes, el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o su disminución por segregación de alguna parte, realizados por voluntad y a instancia de sus propietarios, cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.

En estos casos se debe de actuar de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta el carácter de necesarias u obligatorias de las actuaciones referidas en las letras a) a d) del apartado anterior, procederá lo siguiente:

a) Serán costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupación de comunidades, limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de los términos de su abono.

b) Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa.

c) Los pisos o locales quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización de dichas obras o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos generales.

En el caso de no existir resolución administrativa que obligue a la realización de obras de supresión de barreras arquitectónicas o instalación del servicio de ascensor, deberá entonces acudirse al régimen de mayorías: Así se requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Mayorías para la adopción de acuerdos que supongan la creación de infraestructuras comunes para disfrutar de determinados servicios (telefonía, telecomunicaciones, televisión, aprovechamiento de energía solar …)

En estos supuestos se exigirá una mayoría igual a un tercio de los propietarios integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.

Sin embargo y teniendo en cuenta que el requisito de mayorías para la adopción de este acuerdo es bastante bajo, la LPH establece que la comunidad de propietarios no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de dichas infraestructuras comunes, ni los derivados de su conservación y mantenimiento posterior sobre aquellos propietarios que no hubiesen votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen el acceso a esos servicios, podrá autorizárseles siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés legal del dinero.

Mayorías para la adopción de acuerdos que supongan el establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general

Se requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje

Sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma.

Y para el resto de los supuestos, ¿qué mayoría se exige?

Para los acuerdos sobre cuestiones que no han sido establecidas específicas mayorías se precisará, en primera convocatoria, del voto de la mayoría del total de propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

En segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, no de los propietarios, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes.

 
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Publicado por en junio 26, 2013 en Derecho Fácil

 

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Derechos y Obligaciones en los Contratos de estacionamiento de vehículos en Aparcamientos Públicos

Los derechos y obligaciones de usuarios y prestadores del servicio  de estacionamiento de vehículos en aparcamientos públicos aparecen regulados en la Ley 40/2002, de 14 de noviembre “Reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehículos“.

Ámbito de Aplicación de la Ley 40/2002

Debemos de tener en cuenta que la ley excluye de su ámbito de aplicación los estacionamientos que se realicen en locales o recintos dependientes o accesorios de otras instalaciones, o que sean gratuitos, tales como las zonas de estacionamiento limitado (ORA/OTA…), los aparcamientos gratuitos como los de los hipermercados y centros lúdicos, mercados, talleres de reparación de vehículos y estacionamientos de comunidades de propietarios.  Por el contrario, la norma sí afecta a los aparcamientos de los aeropuertos, estaciones de ferrocarril o puertos de navegación, en los que el cliente debe pagar un ticket.  En definitiva, la ley es aplicable a los aparcamientos en los que “una persona cede, como actividad mercantil, un espacio en un local o recinto del que es titular, para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función del tiempo de estacionamiento“.

parkingObligaciones del titular del aparcamiento

a) Facilitar al usuario al que se permita el acceso un espacio para el aparcamiento del vehículo.

b) Entregar al usuario un justificante o resguardo del aparcamiento, con expresión del día y hora de la entrada cuando ello sea determinante para la fijación del precio. En el justificante se hará constar, en todo caso, la identificación del vehículo y si el usuario hace entrega o no al responsable del aparcamiento de las llaves del vehículo.

c) Restituir al portador del justificante, en el estado en el que le fue entregado, el vehículo y los componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente -de manera fija e inseparable- a aquél y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo de vehículo de que se trate.

En todo caso, los accesorios no fijos y extraíbles, como radiocasettes y teléfonos móviles, deberán ser retirados por los usuarios, no alcanzando, en su defecto, al titular del aparcamiento la responsabilidad sobre su restitución

d) Indicar de manera fácilmente perceptible los precios, horarios y las normas de uso y funcionamiento del aparcamiento, que podrá establecer libremente.

e) Disponer de formularios de reclamaciones.

No obstante y en relación a los accesorios depositados en el vehículo, la Ley prevé que los titulares de los aparcamientos que cuenten con un servicio especial para ello, podrán aceptar y responsabilizarse también de la restitución de accesorios distintos de los señalados en el primer párrafo del apartado c) anteriormente expuesto, así como de los efectos, objetos o enseres introducidos por el usuario en su vehículo, cuando:

1) Hayan sido expresamente declarados por el usuario a la entrada del aparcamiento y el responsable de éste acepte su custodia.

2) El usuario observe las prevenciones y medidas de seguridad que se le indiquen, incluida la del aparcamiento del vehículo o el depósito de los efectos, en la zona o lugar que estuviere habilitado al efecto para su vigilancia.

Obligaciones del usuario del aparcamientoparking-2

a) Abonar el precio fijado para el aparcamiento, antes de la retirada del vehículo.

b) Exhibir el justificante o resguardo del aparcamiento o acreditar en caso de extravío su derecho sobre el vehículo para proceder a retirarlo.

c) Declarar los accesorios especiales y enseres introducidos en el vehículo (es decir, los no fijos o extraíbles); estacionar y depositarlos, en su caso, en los lugares y con las medidas indicadas al efecto, y observar las demás prevenciones establecidas para estos casos por el titular del aparcamiento.

d) Seguir las normas e instrucciones del responsable del aparcamiento respecto al uso y seguridad del mismo, sus empleados y usuarios.

Régimen de Responsabilidadesparking-3

a) El titular del aparcamiento responderá, tanto frente al usuario como frente al propietario del vehículo, por los daños y perjuicios que respectivamente les ocasione el incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones previstas en la Ley.

b) Correlativamente, el usuario será responsable frente al empresario y los demás usuarios, de los daños y perjuicios que les cause por incumplimiento de sus deberes o impericia en la conducción del vehículo dentro del recinto.

c) El propietario del vehículo que no fuere su usuario responderá solidariamente de los daños y perjuicios causados por aquél, salvo cuando el aparcamiento se hubiere hecho con la entrega de las llaves del vehículo al responsable del aparcamiento.

d) El titular del aparcamiento tendrá, frente a cualesquiera personas, derecho de retención sobre el vehículo en garantía del pago del precio del aparcamiento.

e) En relación con la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios contra el titular del aparcamiento, el usuario puede solicitar la mediación y el arbitraje de las Juntas Arbitrales de Consumo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.

 
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Publicado por en junio 25, 2013 en Derecho Fácil

 

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Derechos del consumidor ante un Overbooking

La denegación de embarque en un Contrato de Transporte Aéreo es lo que se denomina overbooking. Las Compañías Aéreas están autorizadas, ante la previsión estadísticamente comprobada de que un porcentaje de viajeros con el billete emitido pueden no presentarse al embarque en el día y hora señalada para el vuelo, a vender más billetes que los asientos de que dispone el avión.

aviónSin embargo, si para ese vuelo en concreto se presentara un número de viajeros mayor que el de plazas disponibles, se deberá de proceder  del siguiente modo:

􀂋 La compañía puede buscar viajeros voluntarios que renuncien al vuelo, recibiendo éstos la debida atención (manutención, etc.), y la contraprestación que en su caso se acuerde.

􀂋 Si no hubiera pasajeros voluntarios, los que con billete no puedan acceder a ese vuelo, tendrán derecho a:

a) A la comida y refrescos suficientes para el tiempo de espera, alojamiento y transporte hasta el hotel en caso de ser necesario, así como dos llamadas telefónicas, faxes o correos electrónicos, prestándose especial atención a menores no acompañados y personas con movilidad reducida.

b) Reembolso del precio pagado si el vuelo ya no tiene razón de ser, o a un transporte alternativo.

c) Una indemnización de 250 € si el vuelo es inferior a 1.500 kms.; de 400 € si es de entre 1.500 y 3.500 kms.; y de 600 euros si el vuelo es superior a 3.500 kms.

No habrá lugar a la indemnización si se preavisa con más de dos semanas de antelación a la fecha de salida. La indemnización será del 50 % si se ofrece un transporte alternativo que no supere el retraso de dos, tres o cuatro horas, respectivamente a cada distancia. Esta indemnización se abonará en metálico, por transferencia bancaria, cheque o bonos de viaje si así se acordara previa firma del cliente.

Modelo de Reclamación Overbooking

 
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Publicado por en junio 25, 2013 en Derecho Fácil, Formularios

 

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