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Archivos Mensuales: marzo 2013

¿Cómo se desarrolla el Procedimiento Monitorio Europeo? – Parte II – Procedimiento

FASE INICIAL

La Solicitud

  •  Postulación procesal: No es precisa representación por medio de Procurador ni defensa jurídica por Letrado
  • Forma de la solicitud: El requerimiento europeo de pago se solicitará cumplimentando el formulario A normalizado cuyo modelo figurará en el Anexo 1. Debe llevar la firma del demandante o su representante si procede
  • Idioma: Deberá estar redactada en la lengua del foro, o bien alguna de las admitidas en el mismo
  • Puede hacerse expresa mención, en un apéndice de la petición, a la eventual voluntad del actor de que, en caso de oposición del demandado, desea poner fin al procedimiento, en cuyo caso no deberá seguirse el trámite por la vía del proceso ordinario correspondiente. Esta petición se puede realizar con posterioridad, pero siempre antes de que se expida el requerimiento
  • Actuación con representante: en el formulario constará el nombre y dirección del representante. En los casos en que el demandante sea una entidad mercantil, los datos de identificación serán su razón social. En caso que se trate de un Letrado con comunicación electrónica con el órgano judicial, se hará constar el número especial que al efecto le haya otorgado el Estado a estos efectos.
  • Menciones de identidad del solicitante.- si es persona física, nombre, apellidos, dirección, DNI, profesión, teléfono, fax, correo electrónico. Si es una entidad mercantil deberá añadir el CIF.
  • Menciones de identidad del deudor: Los mismos datos.
  • Copias.- En nuestra legislación procesal se han de presentar tantas copias de la demanda y documentos como demandados (art. 273 de la LEC/2000). No constando expresamente esta carga en el Reglamento, las copias deben expedirse de oficio

Monitorio Europeo 2

Contenido mínimo de la solicitud:

  1. Nombres y direcciones de las partes; órgano jurisdiccional al que se dirija la petición.
  2. Importe de la deuda y en su caso intereses, penalizaciones y costas.
  3. Si se reclaman intereses sobre la deuda, tipo de interés y período respecto del que se exijan los intereses, salvo que sean intereses añadidos de oficio por la aplicación de la Ley del foro.
  4. Causa de la acción y breve descripción de las circunstancias que la fundamentan y, en su caso, de los intereses reclamados.
  5. Descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda (no es preciso su aportación, basta la descripción).
  6. Criterios de competencia judicial.
  7. Carácter transfronterizo de la reclamación.

El solicitante declarará que, conforme a su leal saber y entender, la información suministrada es verdadera y reconocerá que en caso de falsedad deliberada, ello podría acarrearle las sanciones existentes conforme a la ley del Estado miembro de origen.

Subsanación de defectos de la solicitud

  • El incumplimiento de los requisitos puede subsanarse si así lo estima el órgano competente. El órgano judicial utilizará el formulario B del anexo II, señalando un plazo adecuado a las circunstancias, pudiendo ser prorrogado discrecionalmente por el Juez. Al acreedor se le notificará la petición de subsanación en el domicilio que haya designado. Hay que recordar que la regla general es el correo con acuse de recibo.

EXPEDICIÓN DE UN REQUERIMIENTO DE PAGO (ART.12)

Si se dan los requisitos el órgano jurisdiccional expedirá el requerimiento lo antes posible y, como regla general, en 30 días naturales desde la fecha de presentación de petición

Contenido del Requerimiento de Pago:

1. Indicación al demandado de la posibilidad de optar entre:

a) Pagar al demandante la cantidad reclamada; o

b) Presentar un escrito de oposición a la totalidad o parte de la deuda ante el órgano jurisdiccional.

En ambos casos se deberá realizar en el plazo de 30 días naturales

2. Información que debe darse al demandado:

a) Que el órgano jurisdiccional no ha examinado la justificación de la deuda antes de expedir el requerimiento.

b) Que si no recibiera un escrito de oposición en el plazo señalado, el órgano jurisdiccional dictará una resolución ejecutiva.

euros

OPOSICIÓN AL REQUERIMIENTO DE PAGO (art. 16)

Forma de la Oposición:

  • Rellenando formulario F del Anexo VI, acompañado con el requerimiento de pago.
  • Por mero escrito en que conste claramente su manifestación en contra
  • o por cualquier otro medio de comunicación, incluido el soporte electrónico, aceptado y disponible en el Estado miembro de origen

Postulación: no es precisa la asistencia Letrada ni la representación por Procurador.

Plazo: 30 días naturales desde la notificación del requerimiento.

Contenido: indicación de que impugna la deuda, sin necesidad de motivación.

Efectos: presentado el escrito de oposición, el proceso continúa por los trámites nacionales ordinarios por razón de la cuantía, salvo petición previa de archivo del demandante. Al demandante se le informa de la presentación de la oposición y de todo traslado al procedimiento nacional ordinario.

NO OPOSICIÓN AL REQUERIMIENTO: EJECUTIVIDAD (art. 18)

 Transcurrido el plazo de 30 días sin que se hubiera formulado oposición, el órgano jurisdiccional de origen declarará ejecutivo el requerimiento europeo de pago a través del formulario G del Anexo VII, verificando la fecha de notificación.

Se observarán los requisitos formales del Estado miembro de origen, y se enviará al demandante el requerimiento ejecutivo de pago.

No es necesario exequátur alguno para reconocer la ejecutividad

REVISIÓN DEL REQUERIMIENTO (art. 20)

 Se prevé la posibilidad de que el deudor pueda solicitar una revisión del requerimiento de pago, transcurrido el plazo de 30 días desde el requerimiento

EJECUCIÓN (art. 21)

Deberá solicitarse por el demandante que haya obtenido el requerimiento europeo de pago ejecutivo, lo que se realizará ante el Juzgado correspondiente del Estado miembro de ejecución

  • No necesitará prestar caución ni fianza, aunque sea extranjero y no resida ni tenga domicilio en el Estado de ejecución.
  •  Normas procedimentales: las del Estado de ejecución, con las mismas condiciones que otra resolución ejecutiva dictada por un Tribunal nacional de dicho Estado (en España las normas del Libro III de la LEC).
  • El demandante debe presentar:
    • copia del requerimiento europeo de pago declarado ejecutivo y con las condiciones de autenticidad; y
    • si fuera necesario, traducción a la lengua del Estado de ejecución (si existieran varias, a la que corresponda según el Derecho interno; si el Estado admite lenguas oficiales de otros Estados miembros pueden emplearse éstas, lo que aparecerá publicado en el Atlas Judicial Europeo como comunicaciones realizadas por los Estados miembros al presente Rto.); traducción que deberá realizarse por persona cualificada en un Estado miembro.

 

Denegación de la Ejecución (art. 22) Dictado el requerimiento europeo de pago, no puede ser revisado en cuanto al fondo en el Estado miembro de ejecución, de modo que, una vez cumplidos los requisitos formales de personación del título referidos en el punto anterior, la única posibilidad de denegación del requerimiento europeo de pago por el Tribunal del Estado de ejecución es el supuesto en el que éste sea incompatible con una resolución o requerimiento dictado con anterioridad en cualquier Estado miembro o tercero, es decir, una modalidad de cosa juzgada

GASTOS DEL PROCESO (art. 25)

La determinación del importe de las tasas judiciales se rige por el Derecho nacional.

Anexo I

Demanda Ejecución Europeo

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Publicado por en marzo 19, 2013 en Derecho Fácil, Formularios

 

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¿Cómo se desarrolla el Procedimiento Monitorio Europeo? – Parte I – Fundamento y Ámbito de Aplicación

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO

El objetivo directo es la creación de un procedimiento europeo uniforme para la obtención de una resolución judicial ejecutiva sobre una deuda que no suscita oposición. Es el primer proceso civil común de la Unión Europea que coexiste con los distintos procesos nacionales

Monitorio Europeo 1Tiene por finalidad procurar al acreedor de deudas dinerarias líquidas y vencidas no
contestadas, dentro del territorio de la Unión, un título ejecutivo a través de un proceso sencillo y rápido que le permita cobrar la deuda sin costes excesivos, 

cuando ésta no es controvertida, permitiendo igualmente la libre circulación de los requerimientos europeos de pago a través de todos los Estados miembros.

REGULACIÓN

Norma:  REGLAMENTO (CE) nº 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_399/l_39920061230es00010032.pdf

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

  • Ni solicitante ni deudor precisan de Letrado ni Procurador
  • Se realiza sobre la base de unos formularios normalizados
  • Es un proceso sin prueba, ya que el solicitante no debe presentar documentos ni pruebas con la solicitud, si bien debe describir las pruebas es que se basaría el procedimiento ordinario si se impugnara la demanda
  • Con la solicitud debe acompañarse, como condición formal, una información suficiente que justifique la deuda, sucuantía y el vínculo entre la deuda y las pruebas mínimas aducidas
  • Para el caso de contestación del deudor, se reconduce el procedimiento al proceso ordinario que corresponda en función de la cuantía, salvo que en un apéndice de la solicitud expresamente el acreedor indique que, caso de oposición del deudor, no desea seguir con el procedimiento ordinario. De esta forma el acreedor no se ve obligado a seguir un proceso declarativo que, eventualmente, podría resultarle antieconómico en supuestos de deudas de escasa cuantía

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se aplica en asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil.

El Reglamento es de aplicación en todos los países de la Unión Europea, a excepción de Dinamarca.

No se aplica:

  • Materias fiscal, aduanera y administrativa
  • Los regímenes económicos matrimoniales,
  • Los testamentos y las sucesiones;
  • Los concursos, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas jurídicas insolventes, los convenios entre concursado y acreedores y demás procedimientos análogos
  • Procedimientos en materia de seguridad social;
  • Los créditos derivados de obligaciones extracontractuales, a no ser que: hayan sido objeto de un acuerdo entre las partes o haya habido un reconocimiento de deuda, o se refieran a deudas líquidas derivadas de una comunidad de propietarios (no son deudas dinerarias de cantidad determinada líquida y vencida, como exige el citado artículo 4 del Rto., sino deudas pendientes de una declaración judicial previa, y, por lo tanto, quedarían excluidas de este proceso)

Si se aplica:

  •  Reclamaciones de alimentos  derivadas de un convenio regulador
  • Reclamaciones dinerarias en materia laboral,  con la sola excepción de la Seguridad Social.

 

 

 
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Publicado por en marzo 19, 2013 en Derecho Fácil

 

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¿Cómo se desarrolla un Juicio Cambiario?

Ante la existencia de un título valor (letra de cambio, cheque o pagaré) que resulte impagado a su vencimiento, tenemos que recordar que estamos ante un documento con fuerza ejecutiva y que, por ello, bien en vía de regreso, bien como acción directa contra el aceptante o contra su avalista, podemos acudir a un procedimiento rápido y expeditivo y que obedece a la propia naturaleza del título valor que pretendemos ejecutar; documento que se abstrae del negocio jurídico del que trae causa y que, para facilitar su circulación y eficacia mercantil, se constituye como un título ejecutivo.

Así y mediante el Juicio Ejecutivo Cambiario (arts. 819 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil), el acreedor puede hacer efectivos los créditos que tenga documentados en letras de cambio, cheques o pagarés frente a sus deudores de una forma especialmente rápida y privilegiada.

Letra de Cambio

1º.- El juicio cambiario se inicia mediante la presentación ante el Juzgado de Primera Instancia que corresponda al domicilio del deudor de una demanda sucinta a la que se acompañará el título o títulos cambiarios (letras de cambio, cheques o pagarés impagados).

2º.- El Juez analizará si el título presentado reúne los requisitos formales exigidos legalmente para que tenga validez y, si lo encuentra conforme, adoptará mediante Auto, sin más trámites, las siguientes medidas:

1) Requerir al deudor para que pague en el plazo de 10 días.
2) Ordenar el inmediato embargo preventivo de bienes del deudor por la cantidad que figure en el título cambiario, más otra cantidad (sin que exceda del 30% de lo reclamado) para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago.

3º.- Efectuado el requerimiento de pago el deudor tiene las siguientes posibilidades:

                a) Pagar: Si el deudor paga la cantidad reclamada más la cantidad correspondiente a las costas procesales generadas se pondrá a disposición del acreedor, se entregará al deudor justificante del pago, y se archivará el procedimiento.

b) Oponerse: En el plazo de 10 días que el deudor tiene para pagar también puede oponerse mediante la interposición de demanda de oposición. Las causas de oposición están tasadas por la Ley (art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque). Si el deudor se opone, se dará traslado de la demanda de oposición al acreedor con citación para la celebración de una vista donde las partes alegarán y probarán lo que estimen oportuno sobre las causas de oposición alegadas y que terminará mediante Sentencia.

c) No pagar ni oponerse: En este caso, se despachará ejecución contra los bienes del deudor como si de una Sentencia firme se tratase, y se elevarán a definitivos los embargos preventivos acordados.

Causas que tasadamente puede oponer el deudor cambiario en un Juicio Ejecutivo Cambiario

  1. La inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma.

  2. La falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

  3. La extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado.

Debemos por último recordar que este tipo de procedimiento está sujeto al pago de unas Tasas Judiciales que suponen una cantidad fija de 150 € más un variable del 0,10 % sobre la cantidad reclamada

Modelo de Demanda

 
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Publicado por en marzo 18, 2013 en Derecho Fácil, Formularios

 

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El Consumidor ante las Condiciones Generales de la Contratación

Resulta muy habitual toparnos con contrataciones en masa en las que en los contratos, lejos de aquellos en los que existe una negociación pormenorizada de cada una de las cláusulas, se estandarizan dichas cláusulas y por ello, difícilmente existe intervención negociadora por parte del aceptante, “o lo toma o lo deja”.  En principio ningún problema debería de existir con este tipo de contratos, necesariamente de carácter mercantil y por ello, al servicio de la más ágil circulación de bienes y servicios, salvo que en ellos, gracias a la posición predominante de quien elabora estos contratos, se introduzcan -voluntariamente o no – cláusulas que pueden considerarse como abusivas para el aceptante.

Para regular este tipo de contratos y su contenido conviven en España dos normas, la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios de 2007 y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998.

“Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.” (art 1 /LCGC)

condiciones contratos

Ante la necesidad de la existencia este tipo de contratos y la de dar la necesaria protección a los derechos de los aceptantes y por ello consumidores y usuarios de los servicios y bienes que a través de los mismos se pretenden obtener, se regula un especial régimen jurídico que descansa sobre los siguientes pilares:

a) En relación a la interpretación de estos contratos, si existe contradicción entre las cláusulas generales y las particulares, se dará prioridad a las particulares, salvo que las generales sean más beneficiosas para el adherente.  Igualmente, las cláusulas confusas o de difícil interpretación se resolverán a favor del adherente

b) Existe una inexcusable obligación de información, clara y expresa, de la existencia en el contrato de condiciones de generales de contratación

c) Son nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas, las condiciones generales que se consideren abusivas y, atendiendo a la Ley de Consumidores y Usuarios, entenderemos por abusivas las estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causan en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

“(…) en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive:

  1. vinculen el contrato a la voluntad del empresario,

  2. limiten los derechos del consumidor y usuario,

  3. determinen la falta de reciprocidad en el contrato,

  4. impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba,

  5. resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o

  6. contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.” (art. 82.4 Ley Defensa Consumidores y Usuarios)

     

lupaMencionar, por último, que la LCGC estableció igualmente un Registro público de Condiciones Generales de la Contratación al que tienen acceso:

  • De manera voluntaria, las cláusulas contractuales que tengan el carácter de condiciones generales de la contratación con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación
  • Obligatoriamente: La anotación preventiva la interposición de las demandas ordinarias de nulidad o de declaración de no incorporación de cláusulas generales, así como las acciones colectivas de cesación, de retractación y declarativa, así como las resoluciones judiciales que acuerden la suspensión cautelar de la eficacia de una condición general y las ejecutorias en que se recojan sentencias firmes estimatorias de cualquiera de las acciones de cesación, de retractación y declarativa.
 
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Publicado por en marzo 13, 2013 en Derecho Fácil

 

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