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Archivos Mensuales: febrero 2013

Las Rentas Mínimas de Inserción en las Comunidades Autónomas

Actualmente en España, el Sistema de Seguridad Social es la principal herramienta de prevención de las situaciones de pobreza y con ello, la principal modalidad de prestación asistencial por desempleo a cargo de nuestro Sistema de Seguridad Social es el llamado subsidio por desempleo. Ahora bien, a esta modalidad asistencial hay que añadir un tipo específico de medida de protección en la que aparece acentuada su finalidad asistencial: la Renta Mínima de Inserción. Su principal característica es que su devengo no se condiciona a la previa existencia de un periodo mínimo de cotización, ni al agotamiento de una prestación contributiva por desempleo (factores que sí han de concurrir cuando se trata de percibir un subsidio por desempleo).

EL REPARTO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE INGRESOS MÍNIMOS

Así, bajo el genérico nombre de “rentas mínimas de Inserción” se está haciendo referencia a dos realidades distintas: las rentas mínimas estatales y las rentas mínimas autonómicas, cuyos requisitos de acceso y características de devengo marca respectivamente cada una de las comunidades autónomas en la normativa de reconocimiento de este tipo de prestación. Así, tanto la creación como la configuración concreta y la dotación de este tipo de rentas, así como su dotación presupuestaria, queda dentro del poder de decisión de cada Comunidad Autónoma.

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS RENTAS MÍNIMAS AUTONÓMICAS

pobrezaLa finalidad de este tipo de ayudas asistenciales no es  privar de eficacia en el ámbito de la Comunidad Autónoma a la llamada “Renta Activa de Inserción” estatal, sino de mejorar, en el ámbito territorial correspondiente el tipo de atención que reciben las personas en especial situación de exclusión social o por tanto, aquejados de especiales dificultades para encontrar empleo.

Todas estas medidas autonómicas se centran en sujetos pertenecientes al grupo de edad comprendido entre los 25 y los 65 años (a diferencia de la Renta Mínima de Inserción Estatal en la que únicamente se marcan los 65 años como edad máxima para poder solicitar este tipo de ayudas sin predeterminar la edad mínima).

En concreto, la mejora que establecen las Rentas Mínimas autonómicas sobre la Renta Mínima de Inserción estatal puede plantearse desde dos puntos de vista:

  • Bien ampliando el elenco de supuestos en los que se puede solicitar la percepción de esta renta mínima de inserción (unas veces, aumentando la renta anual de la unidad familiar que se tomará como punto de referencia para valorar la situación de exclusión social, flexibilizando el margen de edad de los sujetos que pueden acceder a estas prestaciones, etc). De tal manera se consigue que sujetos que no tendrían derecho a percibir la renta activa de inserción estatal, sí que pueden beneficiarse de estos programas autonómicos de inserción sociolaboral, puesto que sí se ajustan a los requisitos, menos exigentes, de estas prestaciones autonómicas.
  • Otras veces, lo que se mejora es la dotación económica de este tipo de ayudas: tanto ampliando el número de meses de dotación de la renta activa, como elevando la cantidad económica mensual con que se intenta compensar la situación de pobreza del solicitante.

ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS INGRESOS MÍNIMOS DE INSERCIÓN ATENDIENDO A CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

a) Rentas mínimas anuales necesarias para tener acceso a este tipo de prestaciones

Cada Comunidad Autónoma es la que establece cuál es el mínimo de ingresos anual por debajo del cual puede considerarse a una persona en situación de pobreza extrema, y por lo tanto, con posibilidad de solicitar la percepción de la Renta Mínima de Inserción.

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 b) Cuantía y duración de la prestación

Se atiende a determinados porcentajes para condicionar la dotación de estas ayudas económicas:

Así, como ejemplo, cabe señalar que en Andalucía, la Renta Mínima de Inserción tiene una dotacióneconómica equivalente al 62% del SMI de cada año, o del 70% SMI en La Rioja. Por su parte, en la Región de Murcia y en Castilla y León, la renta Mínima de Inserción asciende al 75% del IPREM

En lo que respecta a su duración, el periodo de tiempo en el que se prevé la concesión de este tipo de ayudas oscila, por Comunidades Autónomas con carácter general, entre los 6 y los 12 meses. Sirva como ejemplo los 6 meses que como máximo contemplan Andalucía y La Rioja o los 12 meses que, como máximo puede percibirse, salvo situaciones excepcionales, la Renta Mínima de Inserción en la Región de Murcia, en Valencia o en Castilla y León.

c) Preferencias destinadas a ciertos colectivos

Existen grupos sociales que, en ocasiones, son objeto de una atención preferente

  • Mujeres víctimas de violencia de género
  • Extranjeros y minorías étnicas
  • Trabajadores desempleados con minusvalías

Recomiendo el siguiente blog: http://rentaminimadeinsercion.wordpress.com que analiza y actualiza constantemente todo lo relativo a las Rentas Mínimas de Inserción

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Publicado por en febrero 21, 2013 en Derecho Fácil

 

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¿Cuál es el procedimiento adecuado para reclamar el pago de los gastos extraordinarios?

La primera pregunta que se nos plantea en relación al pago por ejecución de los gastos extraordinarios fijados en resolución dictada en un procedimiento de familia es si puede presentarse directamente una demanda ejecutiva solicitando el abono del 50% al otro cónyuge o será necesario que exista una resolución judicial que declare que estamos ante un gasto extraordinario y que determine su cuantía.

La respuesta acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva debe de ser el de la necesidad de la existencia de una resolución judicial que aclare si los gastos que se pretenden reclamar tienen la consideración o no de extraordinarios.

extraordinariosSi entrar en detalle sobre esta cuestión, yo siempre entiendo por gastos extraordinarios respecto de los fijados como pensión alimenticia en favor de los hijos del matrimonio, a los imprevisibles, es decir aquellos cuya existencia no es posible determinar con anterioridad a que se produzcan.  Pienso por ejemplo y considero que los que se refieren, por ejemplo, a actividades extraescolares no son extraordinarios, ya que su determinación y existencia es perfectamente previsible; sin embargo, pensemos en un niño que sus profesores consideran que está especialmente dotado para la música o que, consideran que determinada actividad extraescolar le sería de especial beneficio en atención a determinadas aptitudes o carencias del menor, en este caso sí que yo entendería que estamos ante un gasto extraordinario.

Considerando por lo tanto que es precisa la previa declaración por parte del Juzgado acerca de si el gasto que se va a reclamar es o no extraordinario y por ello, es posible compeler al cónyuge al abono de 50 % de su importe, ¿cuál es procedimiento al que se debe de acudir?

Cuando los gastos extraordinarios pueden reclamarse en ejecución de sentencia, es decir, cuando la obligación de abonar estos gastos extraordinarios figura expresamente en la resolución judicial (supongamos por ejemplo que la Sentencia considera ya expresamente que los gastos de ortodoncia son extraordinarios),  el procedimiento para su reclamación será el previsto en el art. 712 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

“Artículo 712.  Se procederá del modo que ordenan los artículos siguientes siempre que, conforme a esta Ley, deba determinarse en la ejecución forzosa el equivalente pecuniario de una prestación no dineraria o fijar la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase o determinar el saldo resultante de la rendición de cuentas de una administración.”

Es decir, la reclamación debería de hacerse mediante escrito de reclamación de gastos extraordinarios al que se acompañarán las facturas originales de los mismos, de dicho escrito se da traslado al otro progenitor, quien podrá mostrar su conformidad u oponerse.  Si el cónyuge se opone la tramitación seguirá conforme al juicio verbal del art. 441 y s.s. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

“Artículo 715. Oposición del deudor. Si, dentro del plazo legal, el deudor se opusiera motivadamente a la petición del actor, sea en cuanto a las partidas de daños y perjuicios, sea en cuanto a su valoración en dinero, se sustanciará la liquidación de daños y perjuicios por los trámites establecidos para los juicios verbales en los artículos 441 y siguientes,…”

Si en la sentencia o en el convenio no figura pronunciamiento alguno referente a los gastos extraordinarios, lo cual no supone negar su existencia ya que, conforme a los arts. 92, 93 y 142 del Código Civil, ambos progenitores están obligados a subvenir a las necesidades de sus hijos, el procedimeinto a seguir debe de ser el previsto en el art. 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Artículo 770.  Las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el artículo 777, las de nulidad del matrimonio y las demás que se formulen al amparo del título IV del libro I del Código Civil, se sustanciarán por los trámites del juicio verbal
Puede, si así lo desea y a través del siguiente enlace, acceder a un amplio catálogo de formularios relacionados con los procedimientos matrimoniales.
Formularios
 
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Publicado por en febrero 15, 2013 en Derecho Fácil, Formularios

 

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El contrato de Arrendamiento de Temporada

El Arrendamiento de Temporada es el que  recae sobre una finca urbana y es celebrado para atender las necesidades temporales de residencia temporal temporada, bien sea de verano, de invierno o cualquier otra.

rentEste tipo de modalidad arrendaticia aparece regulado en el artículo 3.2 de la Ley de Arrendamientos y la principal diferencia conceptual en relación al arrendamiento de vivienda es que en éste,  la finca se destina por el Arrendatario a satisfacer sus necesidades permanentes de vivienda habitual, mientras que en el arrendamiento de temporada, el arrendatario destina la vivienda a satisfacer las necesidades de residencia temporal – fines de semana, verano, Semana Santa, periodos escolares…

Esta especial naturaleza jurídica aparta este tipo de contratos de la regulación contenida en la LAU para los arrendamientos de vivienda, ubicándose este tipo de contratos como de Arrendamiento para uso distinto de vivienda.  Por ello a estos contratos se les aplica en primer lugar, la voluntad de las partes, en su defecto, lo dispuesto en el Título III de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y supletoriamente  el Código Civil

Como en los arrendamientos para uso  distinto al de vivienda -los que aún comunmente denominamos arrendamientos de local de negocio- en los contratos de Arrendamiento de Temporada prima la libertad de pacto, aplicable ello a estipulaciones como el plazo de duración del contrato, quién asume los gastos, quién vendrá obligado a realizar las obras.

Igualmente y por tratarse de un contrato de arrendamiento para uso distinto al de vivienda, la fianza a depositar por el Arrendatario será la cantidad equivalente a dos mensualidades de renta.

Si lo desea, puede descargarse un modelo de contrato de arrendamiento de temporada, en este caso elaborado en atención a satisfacer las necesidades temporales de alojamiento para estudiantes, pero que es perfectamente adaptable a cualquier otra necesidad temporal

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Publicado por en febrero 13, 2013 en Derecho Fácil, Formularios

 

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El usufructo vidual del dinero en Aragón

Conforme al vigente Código de Derecho Foral Aragonés aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, el matrimonio genera automáticamente un derecho de usufructo de viudedad sobre todos los bienes del cónyuge que primero fallezca

¿Cómo se materializa este derecho al tiempo del fallecimiento?

El usufructo se materializa mediante la adquisición de la posesión de los bienes afectos al usufructo vidual.  Nótese que estamos hablando de adquisición de la posesión, no de la propiedad que ostentan los nudos propietarios, sólo que con el gravamen de tener que respetar la posesión en el usufructuario hasta la extinción del derecho de usufruto.

¿Cuándo se extingue el usufructo vidual?

Se extingue el usufructo de viudedad:

  1. Por muerte del usufructuario.
  2. Por renuncia explícita que conste en escritura pública.
  3. Por nuevo matrimonio o por llevar el cónyuge viudo vida marital estable, salvo pacto de los cónyuges o disposición del premuerto en contrario
  4. Por corromper o abandonar a los hijos.
  5. Por incumplir como usufructuario, con negligencia grave o malicia, las obligaciones inherentes al disfrute de la viudedad, salvo lo dispuesto sobre negligencia en la formalización del inventario.
  6. Por no reclamar su derecho durante los veinte años siguientes a la defunción del otro cónyuge.

Se extingue el usufructo sobre bienes determinados:

  1. Por renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública, a menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el bien.
  2. Por la reunión del usufructo y la nuda propiedad en una misma persona.
  3. Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.

Cuando el usufructo se extingue, los nudos propietarios adquieren la posesión de los bienes usufructuados

Con estos antecedentes, se plantea una especialidad en relación al usufructo del dinero.  Debemos recordar que derecho de usufructo es el derecho de usar y disponer “salvando la sustancia de la cosa” (salva rerum substantia). Esto, que puede ser fácilmente trasladable a bienes no fungibles (vivienda, coche …), no lo es tanto cuando se habla de bienes fungibles, es decir, bienes que necesariamente para usarlos, hay que consumirlos, como el dinero.

¿Existe en Aragón alguna especialidad en relación al usufructo de dinero?

Bien-fungibleSí que existe y conviene analizarla detenidamente.  Antes de las modificaciones legales operadas en la normativa aragonesa (Ley de Régimen Económico Matrimonial y de Viudedad; Código Civil Aragonés), la Compilación no establecía diferencia alguna para el usufructo vidual, en relación con el tipo de bienes del finado sobre los que quedara establecido, siendo una norma genérica sobre todo tipo de ellos. El artículo 72 de la Compilación aplicaba el usufructo vidual a «todos los bienes del primero que fallezca».

Actualmente si que se establece una regulación específica para dos tipos de bienes (dinero y fondos de inversión).  Centrándonos en el usufructo del dinero  la norma establece que:

 Artículo 299. Usufructo de dinero.

El viudo tendrá derecho a los intereses que produzca el dinero. También podrá disponer de todo o parte del mismo. En este caso el viudo o sus herederos habrán de restituir, al tiempo de extinguirse el usufructo, el valor actualizado del dinero dispuesto.

Es decir, el o la usufructuaria, tiene dos derechos respecto del dinero:

  1. Tiene derecho a la propiedad de los intereses del dinero que se hayan podido producir en las cuentas del difunto desde su fallecimiento
  2. Tiene derecho a disponer de todo el saldo de las cuentas.  Es decir, el cónyuge superviviente tiene poder disponer del dinero sobre el que ostenta el derecho de usufructo.

E igualmente se establece una obligación para con el usufructuario: queda obligado, él o sus herederos, a la restitución del dinero (valor actualizado) del que haya podido disponer cuando se extinga el usufructo

Cómo he mencionado anteriormente, el derecho de usufructo vidual, transfiere a la usufructuaria no la propiedad, sino la posesión de los bienes usufructuados, si bien ésto a efectos prácticos puede llegar a suponer dejar desprotegidos a los nudo propietarios respecto del dinero depositado, ello porque salvo en los supuestos de nuevo matrimonio o vida marital estable, el usufructo en la práctica se exinguirá con el fallecimiento del usufructuario y, en este caso, deberán de ser los herederos del usufructuario quién deban de restituir las cantidades de las que dispuso su madre/padre, con el absurdo de que, salvo en los casos de segundas nupcias, sería los propios herederos los obligados a la restitución del dinero consumido.

¿Existe alguna posibilidad de asegurar la restitución de las cantidades dispuesta por la usufructuaria a los nudo propietarios? 

Cuando estemos ante el supuesto generado por el fallecimiento de un padre/madre casado en segundas aragónnupcias y por ello, el usufructo que se genera lo es a favor de la segunda/o esposa/o, entiendo que la única manera de fiscalizar la actuación del usufructuario es mediante la posibilidad prevista en el art. 285 del Código Civil Aragonés, es decir, obligando al usufructuario a formalizar inventario y a prestar fianza. Esta fianza podría perfectamente asegurar la posición de los nudo propietarios frente a la disposición del dinero por parte de la viuda/o (salvo que la difunta/o hubiera liberado expresamente a su viuda/o de la obligación de formar inventario y prestar fianza).

Artículo 285. Inventario y fianza.

El cónyuge viudo solamente estará obligado a formalizar inventario de los bienes usufructuados y a prestar fianza:

a. Cuando se hubieren establecido por el premuerto tales obligaciones en testamento u otro instrumento público.

b. Cuando lo exijan los nudo propietarios, salvo disposición contraria del premuerto.

c. Cuando, aun mediando tal disposición, lo acuerde el Juez, a instancia del Ministerio Fiscal para salvaguardar el patrimonio hereditario.

Artículo 286. Formalización del inventario.

1. Cuando sea obligatorio formalizar inventario, se practicará con citación de los nudo propietarios de los bienes o sus representantes legales y comprenderá todos los bienes sujetos al usufructo vidual.

2. El plazo para terminarlo será:

a. En el caso de la letra a) del artículo 285, el fijado por el causante y, en su defecto, el de seis meses contados desde el fallecimiento.

b. En el caso de la letra b) del artículo 285, el de cincuenta días, contados desde el oportuno requerimiento fehaciente.

c. Y en el caso de la letra c) del artículo 285, el señalado por el Juez y, en su defecto, el de cincuenta días a contar desde la notificación de la resolución judicial que ordene su práctica.

En todos los casos, mediando justa causa, el cónyuge viudo o cualquiera de los nudo propietarios podrá pedir al Juez y éste acordar la prórroga o reducción del plazo.

3.- El inventario extrajudicial deberá formalizarse en escritura pública.

 
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Publicado por en febrero 6, 2013 en Derecho Fácil

 

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