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Archivos Mensuales: enero 2013

La Ejecución Judicial de los Laudos Arbitrales

El procedimiento para la ejecución de laudos arbitrales se encuentra regulada en los arts. 52 a 59 de la Ley 36/1988 de 5 de diciembre de Arbitraje.

Un laudo arbitral es eficaz desde su notificación a las partes. Así, si el laudo no se ha cumplido voluntariamente en el plazo de diez días desde su notificación, podrá solicitarse su ejecución forzosa ante el Juzgado de 1ª Instancia del lugar en donde se haya dictado.

¿Qué documentación debe de presentarse en la Solicitud de Ejecución?

La parte que solicita la ejecución deberá presentar una demanda de ejecución forzosa acompañando la siguiente documentación:

1º.- Una copia autorizada del laudo arbitral

2º.- Los documentos acreditativos de la notificación a las partes del laudo arbitral

3º.- Copia del convenio arbitral y, en el supuesto de que el laudo arbitral hubiese sido recurrido anteriormente, copia de la resolución judicial resolviéndolo.

Tramitación

El Juzgado de 1ª Instancia que recibe la demanda de ejecución da traslado de la misma y de los documentos presentados a la parte ejecutada. La ejecutada dispone de cuatro días para alegar que ha presentado y está pendiente recurso de anulación contra el laudo arbitral o que el laudo ha sido ya anulado. En estos casos, el Juzgado de 1ª Instancia, bien suspenderá la ejecución hasta la resolución del recurso, bien ordenará, definitivamente, el archivo del procedimiento de ejecución.

En el supuesto de que la oposición a la ejecución del laudo arbitral no tenga fundamento en los dos anteriores motivos, el Juzgado de 1ª Instancia dictará auto mandando seguir adelante con la ejecución.

Demanda Ejecutiva de un Laudo Arbitral

 
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Publicado por en enero 30, 2013 en Derecho Fácil, Formularios

 

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Esquema del Recurso Administrativo Extraordinario de Revisión

Conforme al art 118 de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

“1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.”

Esquema Recurso de Revisión

 
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Publicado por en enero 28, 2013 en Derecho Fácil

 

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¿Qué copias de las escrituras notariales tienen fuerza ejecutiva?

En un asunto en el que tengo interpuesta una demanda ejecutiva en base a un impago en un contrato de compraventa otorgado ante notario y en escritura pública, la parte ejecutada me planteó una oposición con el argumento de entender que el documento presentado (copia de la escritura despachada con carácter ejecutivo) carecía de fuerza ejecutiva al no ser primera copia.

El Juzgado resolvió desestimando la oposición y analizó, conforme a los argumentos esgrimidos por nosotros, que características tenían que tener las copias de las escrituras notariales para tener fuerza ejecutiva.

La normativa vigente en esta materia se contiene en la  Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado y  Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944 y su importante reforma  por Real Decreto 45/2007 de 19 de enero.

Copia SimpleAsí, el art. 17 de la Ley de 1862 (tras la redacción dada por la Ley 36/2006) dispone Es primera copia el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obtener por primera vez cada uno de los otorgantes. A los efectos del artículo 517.2.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, se considerará título ejecutivo aquella copia que el interesado solicite que se expida con tal carácter. Expedida dicha copia el Notario insertará mediante nota en la matriz su fecha de expedición e interesado que la solicitó.”

Y El Reglamento Notarial: Art 233 “A los efectos del artículo 517.2.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se considera título ejecutivo aquella copia que el interesado solicite que se le expida con tal carácter. Expedida dicha copia el notario insertará mediante nota en la matriz su fecha de expedición e interesado que la pidió. En todo caso, en la copia de toda escritura que contenga obligación exigible en juicio, deberá hacerse constar si se expide o no con eficacia ejecutiva y, en su caso y de tener este carácter, que con anterioridad no se le ha expedido copia con eficacia ejecutiva.

Expedida una copia con eficacia ejecutiva sólo podrá obtener nueva copia con tal eficacia el mismo interesado con sujeción a lo dispuesto en el artículo 517.2.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Si se expidiere sin tal requisito segunda o posterior copia de escritura que contuviere tal obligación, se hará constar en la suscripción que la copia carece de efectos ejecutivos.”

El contenido de estos preceptos, tras las modificaciones citadas, introduce notables novedades con respecto a la situación anterior desde el momento en el que se desvinculan los conceptos de “primera copia” y “título ejecutivo”. En efecto, el artículo 17.4 nos está diciendo que la primera copia es aquélla que tiene derecho a obtener “por primera vez” cada uno de los otorgantes. Es decir, el concepto de “primera copia” que maneja está referido ahora, a diferencia de la situación anterior, únicamente al carácter cronológico de la misma, la que se expida en primer lugar para cada otorgante. Nada tiene que ver con su carácter ejecutivo o no. El carácter ejecutivo de las copias viene determinado a continuación, en la frase siguiente, no por su condición de primera o segunda copia, como sucedía hasta ahora, sino por haber sido expedida con tal carácter de ejecutiva. Lo que lleva aparejado ejecución (“a los efectos del artículo 517.2.4 de la L.E.C.”, nos dice el artículo 17.4) es la copia que el interesado solicita que se le expida con carácter de ejecutiva.

Es decir, perfectamente pueden convivir una primera copia –en sentido cronológico- sin efectos ejecutivos, con  una segunda copia con dichos efectos.

firmaEl desarrollo reglamentario de este precepto es el artículo 233 del reglamento Notarial. En él se nos indica, reiterando el contenido del artículo 17.4 de la Ley, que se considera título ejecutivo “aquella copia que el interesado solicite que se le expida con tal carácter”. Añade a continuación la necesidad de expresar, en toda copia de escritura que contenga obligación exigible en juicio, si dicha copia se expide o no con carácter ejecutivo, así como la necesidad de incluir también la mención de que no ha sido expedida otra copia con anterioridad con igual carácter ejecutivo.

En definitiva, solamente hay ahora copias expedidas “con carácter ejecutivo” y copias expedidas sin tal carácter. Y con carácter ejecutivo únicamente puede ser expedida UNA copia, que lo es a instancia del acreedor ejecutante. Nuevas copias con tal eficacia solamente pueden ser libradas “con sujeción a lo dispuesto en la L.E.C.” (artículo 233-2º R.N.), esto es, con la conformidad de los deudores.

COPIA EJECUTIVA

 
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Publicado por en enero 23, 2013 en Derecho Fácil

 

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Carácter consorcial aragonés de bienes adquiridos a partir de la condición de socio de una Cooperativa

Los antecedentes son los siguientes: Previa a la celebración de un matrimonio, uno de los cónyuges entra a formar parte de una cooperativa de viviendas, firma un documento de adhesión a la misma, se estipula un precio y se entrega una cantidad de dinero. En el documento que se firma con la cooperativa se establece expresamente que la cooperativa “se obliga a transferir la propiedad de la vivienda arriba indicada a D ………..una vez se halle finalizada su construcción”.

Tres meses después de firmar este documento, los cónyuges contraen matrimonio, se someten a la legislación foral aragonesa y dos años después, comparecen ante el notario para otorgar la escritura pública de compraventa, acto que realizan en beneficio de la sociedad consorcial.

La discusión se plantea en un procedimiento de liquidación de la sociedad consorcial en la que se discute el carácter consorcial o privativo de éste inmueble. Mi opinión, aún pendiente de resolución en recurso de apelación, es que el bien es consorcial, mientras que la contraparte y el propio Juzgado en Sentencia dictada en primera instancia, considera que el bien es privativo ya que fue adquirido con anterioridad a la celebración del matrimonio por uno de los cónyuges.

Bandera de AragónMis argumentos son los siguientes: El contrato firmado por el esposo y la cooperativa antes del matrimonio es un contrato que obliga a las partes, se estipula un precio, una forma de pago, pero no se transmite la propiedad, no hay tradición, ya que esta se demora conforme a dicho documento, al momento en el que se halle finalizada la construcción. Hasta ese momento, hasta el otorgamiento de la escritura pública de compraventa en el que los ya cónyuges adquieren para su sociedad conyugal, el único titular del inmueble es la Cooperativa.

El derogado art. 37.1º de la Compilación Aragonesa (aplicable por la fecha de adquisición del inmueble) establece que Constituyen el patrimonio común: “Los bienes inmuebles o sitios adquiridos a título oneroso, constante matrimonio, por cualquiera de los cónyuges a costa del caudal común.”, estableciendo por ello “la adquisición onerosa” como negocio jurídico a examinar y ello porque, el art 38 del mismo cuerpo legal, otorga el carácter privativo a los inmuebles “aportados”, es decir, aquellos cuya titularidad dominical ya la ostentaba uno de los cónyuges al contraer matrimonio. Resulta por ello necesario determinar cuál es el negocio jurídico que, en el caso que nos ocupa, trasfiere la propiedad: si el documento privado por el que el esposo pasa a ser socio de la cooperativa, pero no propietario del inmueble, o la escritura pública conforme a la cuál, la Sociedad Cooperativa, transfiere mediante su adjudicación, el inmueble a los cónyuges, quienes literalmente adquieren “con el carácter de común”.

Una cooperativa de viviendas es una sociedad de capital variable y estructura y gestión democráticas que asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria a un mínimo de socios, que tienen por interés común el de conseguir a través de una actividad empresarial cooperativizada el uso o la propiedad de viviendas y/o locales o instalaciones complementarias de su propiedad para sí y las personas que convivan con ellos.

Este carácter «mediador» de las cooperativas de viviendas introduce algunas peculiaridades en lo que cooperativarespecta a la promoción y transmisión de la propiedad inmobiliaria en relación a los socios cooperativistas que han sido puestas de manifiesto en los trabajos sobre el tema de TRUJILLO DÍAZ. El ingreso del socio en la cooperativa, no es un arrendamiento de obra ni una compraventa de piso futuro (de ahí la inaplicación de la normativa protectora de consumidores a los socios, v. SAP Cádiz 25.7.2005, AC 1647, Madrid, 30.3.2006, AC 1735), sino el resultado de un contrato de tipo asociativo, aunque éste se acompañe de cláusulas de adjudicación provisional por precio aproximado, o de las que facultan la separación del adquirente del proyecto, presentando un sustituto (STS 12.11.1990, RA 8702). El pago de las aportaciones sociales y las cuotas de entrada exigidas no son parte del precio de una compraventa aplazada del art. 1356 CC, sino la forma que tiene el socio de contribuir a la consecución del objeto social.

Si seguimos analizando el contrato de cooperativa y la historia registral de la finca en cuestión, se observa, aparte de los pagos efectuados antes de la adjudicación, que en el momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, los cónyuges se subrogan en un préstamo hipotecario que hasta aquella fecha estuvo concedido a la Sociedad Cooperativa. Difícilmente podemos entender al esposo como propietario de un inmueble sobre el que existe constituida una garantía hipotecaria que obliga a la Cooperativa, única que tiene la facultad de gravar, disponer, enajenar… ejercer todas las facultades dominicales que le otorga el carácter de propietario.

 
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Publicado por en enero 22, 2013 en Derecho Fácil

 

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