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El impago de los Gastos de Comunidad como causa de desahucio

28 Dic

Para que el impago de los gastos de la comunidad de propietarios (mantenimiento del inmueble, sus servicios, impuestos y cargas que no sean susceptibles de individualización) pueda ser causa de desahucio es preciso:

1º.- Que exista un pacto escrito en el contrato que le obligue al arrendatario al abono de dichos gastos, mencionando en el contrato a cuánto ascienden tales gastos en la fecha en que se firma.  A éste respecto deben de considerarse dos importantes preceptos de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos

EdificioEl art. 17.4/LAU: recibo del pago: “El arrendador queda obligado a entregar al arrendatario recibo del pago, salvo que se hubiera pactado que éste se realice mediante procedimientos que acrediten el efectivo cumplimiento de la obligación de pago por el arrendatario.

El recibo o documento acreditativo que lo sustituya deberá contener separadamente las cantidades abonadas por los distintos conceptos de los que se componga la totalidad del pago, y específicamente, la renta en vigor.

Si el arrendador no hace entrega del recibo, serán de su cuenta todos los gastos que se originen al arrendatario para dejar constancia del pago.”

art. 20.1/LAU que establece la necesidad de que en el contrato figure el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato “Para que este pacto sea válido se deberá hacer constar por escrito, determinándose el importe anual de los gastos a la fecha del contrato”

2º.- En segundo lugar, para que el impago de estos gastos sea causa de desahucio, es preciso que el arrendador no haya impedido el pago, sino que haya colaborado para ello, facilitando el recibo y concurriendo al lugar de pago pactado, o en su defecto a la vivienda arrendada.  Cito en este sentido Sentencias como la de 9 septiembre 1991  de la Audiencia Provincial de Zaragoza cuando argumenta: “De la prueba de confesión judicial practicada en la persona del actor se desprende que éste llevaba todos los meses a las oficinas de la… el pertinente recibo. y que sin embargo no presentó al cobro los correspondientes a los meses de febrero a mayo, sin que tampoco reclamase su importe antes de interponer la demanda que ha dado origen a este procedimiento, situación que en el caso enjuiciado tiene peculiar relevancia dada la magnitud de la empresa arrendataria, que efectúa mensualmente numerosos pagos y cobros (véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1963). consecuentemente. procede mantener la condena en costas impuesta en la resolución impugnada, sin hacer especial pronunciamiento respecto de los gastos procesales causados en esta alzada (art. 149.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos”

Del mismo modo la Sentencia de 3 de julio de 2000 de la misma Audiencia Provincial de Zaragoza: “Por otra parte, si bien es cierto que son de cargo del Sr. Sevil los gastos de comunidad que correspondan a la vivienda arrendada, pues así se estipuló expresamente en el mentado contrato, no lo es menos que no ha quedado probado en estos autos que los recibos correspondientes, a que alude la actora en su demanda le hubieren sido pasados al cobro por parte de la Comunidad de Propiedad y que los hubiere dejado de abonar. De la documental obrante a los folios 111 a 123 sólo se deduce que dichos recibos son remitidos a los propietarios que no tienen domiciliado su pago en cuenta bancaria, como acontece con el Sr. A., y teniendo en cuenta que en el precedente Juicio de Desahucio por falta de pago de las rentas, promovido por al actor contra el demandado y seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de esta Ciudad, no se alegó por el arrendador el impago de dichos recibos de gastos comunes, pese a que ya habían sido generados, cabe inferir, lógicamente, que aún no había reclamado su pago al arrendatario, y como quiera que la primera mención al respecto lo efectúa en la papeleta de demanda presentada en este juicio y que el arrendatario, ante ello, procedió a su ingreso en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos del Juzgado, en fecha 27 de Octubre de 1999 (folio 53), ha de tenerse por cumplida la obligación que al mismo alcanzaba, lo que hace inviable la acción de desahucio promovida por el actor, tal como viene a resolver acertadamente la sentencia de primer grado, que debe ser confirmada.

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Portada Las Comunidades de Propietarios

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Publicado por en diciembre 28, 2012 en Derecho Fácil

 

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